Hacen falta impuestos para financiar la lucha contra el cambio climático: solo con gasto no se podrá

Hay muchas maneras de encarar un mismo problema. La solución suele radicar en algún lugar intermedio, una especie de mezcla perfecta de opciones. El cambio climático es uno de esos casos. La lucha contra el aumento de la temperatura en la tierra plantea números estratosféricos: billones y billones de euros de inversión en los próximos años si se pretende llegar a 2050 con garantías de (cierto) éxito. Si la solución recae principalmente en el gasto público --inversión y subsidios--, "los ratios de deuda pública respecto al PIB subirán tanto que pondrán en riesgo la sostenibilidad de la deuda de los países avanzados en 2050", según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Alternativa: aumentar los impuestos por contaminar.

En la política económica se abre paso un nuevo trilema --con el permiso del de Dani Rodrik para la globalización--. Para cumplir con los objetivos marcados -cero emisiones netas de CO2 a mitad de siglo-- será necesario combinar:

Las soluciones extremas son conflictivas. La de solo confiar en el gasto generaría demasiada deuda. La de utilizar únicamente impuestos sería políticamente inviable. La de dejarlo todo en manos de la regulación no sería suficiente.

"Estas cuestiones apuntan a un 'trilema' fundamental para los gobiernos: lograr los objetivos climáticos, mantener la sostenibilidad fiscal e impulsar medidas políticamente viables", resume el análisis del FMI.

Ponerle un precio al carbono es la solución favorita si se le pregunta a un economista. Tener que pagar por contaminar activa toda una serie de incentivos (esto les encanta a los expertos): las empresas tienen alicientes para invertir en tecnologías limpias porque sale rentable. Si lo hacen dejarán de pagar los derechos por contaminar, eso que se ahorran. No todos los países cuentan con este sistema, pero poco a poco se va extendiendo. La Unión Europea lo puso en marcha en el año 2005 y países relevantes en las emisiones mundiales de CO2 como China o Indonesia han empezado a dar pasos en esa dirección.

Se trata para el FMI de un "instrumento central" en la estrategia para descarbonizar la economía y su retraso podría incrementar la deuda pública "entre ocho décimas y dos puntos de PIB al año". Un mensaje para todos los países que todavía no se han puesto las pilas con esta herramienta. Por ejemplo, Estados Unidos. El Gobierno de este país ha apostado más por la vía de gasto público para reducir las emisiones de CO2: 400.000 millones de dólares para la próxima década y priorizando producción made in USA.

La UE ha complementado su enfoque de tasa de carbono con el llamado 'Green Deal', un paquete de inversiones, incentivos y flexibilización de las normas sobre ayudas estatales.

El impuesto al carbono tiene "un gran poder de recaudación en el medio plazo", según el fondo, que podría compensar parte del gasto público en mitigar el cambio climático. Se podría acompasar su recaudación con el momento de mayores necesidades de inversión. Además, otra derivada en la que hay que pensar: si cada vez reducimos el uso de petróleo y derivados, la recaudación de impuestos especiales por este consumo también disminuirá, alerta del FMI.

La problemática del impuesto al carbono radica en que se termina trasladando. Al final el consumidor asume parte de ese coste; bien porque su empresa ya no sea rentable y se quede sin trabajo o porque suba el precio de los productos que compra. También existe una frontera tecnológica a la hora de transitar hacia esa economía cero en carbono.

Un precio muy elevado por contaminar no es políticamente viable, aunque en la UE hemos visto cómo ha aumentado muchísimo en los últimos años. Las empresas han sabido adaptarse bien a estos precios más elevados, apunta el fondo. Han reducido consumo y han mejorado la eficiencia energética de sus procesos, aunque otras han tenido que reducir niveles de producción por el alto coste del gas sumado al alto precio del CO2.

¿En qué lo hemos notado los consumidores? En el precio de la luz, por ejemplo. Las centrales eléctricas que contaminan incluyen ese coste en el precio final.

La media de este año por tonelada de CO2 está en los 85 euros en la UE (están obligadas a pagarlo una serie de sectores económicos). El modelo del FMI para las siete economías más avanzadas --que no sería exactamente la UE pero sirve para hacerse una idea-- propone un "ambicioso incremento del precio de los derechos de emisión hasta los 124 euros en 2030 para luego subir a los 223 euros/tonelada de CO2 en 2050". La mayor recaudación rondaría en el año 2030 porque una vez las empresas empiezan a sustituir los combustibles fósiles por energías limpias, la generación de ingresos del impuesto va disminuyendo.

Los mismos economistas que defienden este gravamen proponen que parte de su recaudación (un 30%) se destine a compensar a los más débiles o los perdedores de esta transición energética. Sobre el papel parece fácil, en la práctica genera muchos recelos en la sociedad.

Pero el impuesto al carbono no soluciona todos los problemas. Hay sectores que requieren de otro tipo de incentivos (ayudas y subvenciones) para reducir sus emisiones, como es el caso del consumo de energía residencial. También la regulación puede jugar su papel si se premia la eficiencia energética, por ejemplo. Estas medidas son generalmente bien recibidas por la sociedad y "pueden promover cambios en los hábitos de consumo de los hogares y las empresas y corregir fallos del mercado".

"La transición verde requerirá fuertes acciones complementarias por parte del sector público. Las empresas llevarán a cabo el mayor esfuerzo en descarbonización y los incentivos fiscales y la regulación pueden alentar a este cambio", apunta el informe.

Así que lo que propone el FMI es una mezcla equilibrada de estos enfoques - gasto, impuestos y regulación-- y que requerirá muchos 'economistas fontaneros' (como dice la premio Nobel, Esther Duflo) para ajustar las medidas y optimizar su eficacia.

Una correcta combinación de todas las soluciones podría contener el aumento de la deuda pública a largo plazo. En lugar de 45 puntos serían 10, según el fondo, en los países avanzados. Ya no sería un nivel "insostenible".