Los primeros vecinos ya se han ido y a la mayoría les vence el contrato en 2027, el miedo cunde en este bloque de Zabalgana
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Vitoria-GasteizEnara Gonzalo posa ante el portal en el vive desde hace ocho años junto a su marido y en el que ha nacido su hija, de cinco años. Esta familia vitoriana, como la mayoría de las que residen en las 96 viviendas de este edificio de Zabalgana, lo hace en régimen de alquiler asequible, pero podrían quedarse en la calle, en cuanto finalice el contrato, porque la nueva propiedad no les va a renovar. “Es un chiste que precisamente vivamos en la Avenida de los Derechos Humanos”, apunta con ironía esta mujer, de 42 años.
El nuevo propietario del bloque, un fondo de inversión privado, no quiere prorrogar los contratos de alquiler y algunos pisos, aun con los inquilinos dentro, ya se ofertan a la venta en portales inmobiliarios.
A pesar de que el nerviosismo se extiende como una mancha de aceite por los rellanos de este edificio del barrio vitoriano de Zabalgana, Enara aun siente que es afortunada, porque “a nosotros se nos acaba el contrato de los últimos, en 2030”. Sin embargo, ya hay algún vecino que ha tenido que irse, a la mayoría se les acaba el contrato en 2027 y esto, avanza sin pausa.
“Al menos, un contrato ha finalizado ya en julio del 2026 y algunos otros tienen finalización inminente", explican desde el Sindicato Socialista de la Vivienda. Sin embargo, la empresa gestora “solo les ha comunicado por correo electrónico la intención de no renovarles el contrato, sin que haya habido una orden de desahucio, ni posibilidad de negociar un nuevo contrato”.
A 40 kilómetros de Vitoria
El marido de Enara trabaja como operario en una multinacional y ella, tras ocho años en la misma empresa, acaba de quedarse sin empleo. “Con la edad que tenemos, una hija pequeña a nuestro cargo y el problema de la vivienda en esta ciudad, ¿Nos vamos debajo de un puente?”, se pregunta, dolida. Reconoce que han buscado otro piso de alquiler, “pero es imposible, todo es carísimo” y la opción de comprar “pasa porque nos concedan una hipoteca, lo que casi es un milagro”, apunta.
Por el inmueble, en el que viven desde agosto de 2018, de 90 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, salón, cocina “y un balconcito, con garaje pero sin trastero", esta familia paga alrededor de 675 euros al mes. Para encontrar un alquiler similar, “nos tenemos que ir a algún pueblo, a mínimo 40 kilómetros de Vitoria”. Una opción que Enara ni se plantea porque “aquí tenemos nuestra vida hecha, el trabajo y la escuela de nuestra hija”.
Entre los residentes de los portales 39, 41, 43 y 45 hay “personas mayores y gente con discapacidad”, recuerda esta vecina para la que Farley, el fondo de inversión que ahora ostenta la propiedad carece de corazón. La comunicación con ellos es “prácticamente imposible” y cuando logras hablar “no son muy agradables que digamos”.
Malas condiciones en zonas comunes y pisos
El mantenimiento y la limpieza del bloque brillan por su ausencia. “Hemos estado muchísimo tiempo sin luz en el portal, si se estropea el ascensor tardan muchísimo en mandar a alguien a arreglarlo y dentro de las casas, lo mismo”, protesta. Desde el Sindicato Socialista de Vivienda añaden que varios vecinos sufren grandes humedades en las paredes y techos de sus casas; se producen atascos en las tuberías del edificio y se han desprendido ladrillos de la fachada. Además, denuncian las “clausulas abusivas” que se les han aplicado a los inquilinos.
En 2013, la Obra Social de La Caixa inauguró cuatro bloques con un total de 96 viviendas de alquiler social en Mariturri, en Vitoria. “El contrato de alquiler en ningún momento era un contrato con opción a compra, cosa que habían prometieron desde el principio de forma verbal”. A mediados del año pasado, los vecinos se enteraron de que La Caixa ya no gestionaba el alquiler y que lo habían vendido a un fondo de inversión privado de Madrid llamado Farley ITG S.
“La Caixa o un fondo de inversión como Farley se han enriquecido a base del malestar y el salario de casi un centenar de vecinos que ahora ven cómo sus hogares han sido vendidos con ellos dentro”, critican desde el Sindicato Socialista de Vivienda, que acompaña a estos vecinos desde 2023 para hacer frente común en un conflicto que amenaza con dejarles en la calle por "la codicia" de los grandes propietarios dispuestos a "hacer negocio y sacar ganancia con un derecho básico, como el de la vivienda". En este sentido, desde el sindicato defienden que una solución pasaría por "expropiar a estos grandes propietarios".