La subvención poco conocida que ayuda a pagar internet y móvil a familias con bajos ingresos
El programa UNICO Bono Social, una ayuda pública que lleva activa varios años y está financiada con fondos europeos, es una de las subvenciones menos conocidas del catálogo español de ayudas sociales
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El programa UNICO Bono Social es una iniciativa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública cuyo objetivo es ayudar a familias en situación económica vulnerable a costear la conexión a internet de banda ancha. Se enmarca en el Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está dotado con un presupuesto global de 30 millones de euros, distribuidos entre las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que son las responsables últimas de su concesión.
Cuánto se puede recibir y cómo funciona
El bono social tiene una cuantía máxima de 240 euros al año, repartidos en doce mensualidades, lo que equivale a un descuento de 20 euros sobre la factura mensual del operador de telecomunicaciones que se tenga contratado durante ese periodo. No es un ingreso directo a la cuenta bancaria, sino un descuento que se aplica automáticamente en la factura, gestionado entre la comunidad autónoma y el operador colaborador con el que se firme el contrato.
El servicio cubierto debe ofrecer una velocidad mínima de 30 Mbps de descarga en condiciones de máxima demanda, lo que en la práctica garantiza acceso a banda ancha real y no a conexiones residuales. El bono puede destinarse tanto a contratar un nuevo servicio de conexión fija como a mejorar uno que ya se tuviera contratado, siempre con un operador adherido al programa.
El requisito principal para poder solicitarlo es estar en situación de vulnerabilidad económica, pero los criterios concretos para definir esa vulnerabilidad los establece cada comunidad autónoma, que es quien gestiona la tramitación, verificación y control de las ayudas en su territorio. Eso sí, todas las personas que tengan reconocida la condición de perceptoras del Ingreso Mínimo Vital son automáticamente calificadas como integrantes de los colectivos vulnerables a efectos exclusivos de este programa, sin necesidad de acreditar nada adicional.
Algunas comunidades amplían los supuestos a otros colectivos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también pueden acceder quienes perciban una Pensión No Contributiva o la Renta Mínima de Inserción autonómica. La solicitud se tramita de forma electrónica o presencial, según el procedimiento habilitado por cada comunidad, y solo se puede disfrutar de un bono por unidad familiar.
El paso que muchas familias se saltan
El bono no funciona con cualquier compañía de telecomunicaciones. Solo lo aplican los operadores formalmente adheridos como colaboradores del programa, inscritos en el Registro Centralizado de Operadores-Colaboradores que gestiona la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. El Gobierno publicó la lista completa de operadores colaboradores por comunidad autónoma en la web del Ministerio para la Transformación Digital, un dato esencial porque firmar un contrato con un operador que no esté adherido invalida automáticamente la posibilidad de aplicar el descuento.
Tarifas sociales de telefonía móvil
El programa UNICO Bono Social cubre exclusivamente la conexión a internet de banda ancha fija. Para la telefonía móvil y el servicio de voz, el sistema funciona de forma distinta: varios de los principales operadores españoles mantienen tarifas sociales propias, obligatorias en parte por la normativa del servicio universal de telecomunicaciones, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisa.
Orange dirige su tarifa social a titulares del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción de cada comunidad autónoma. Vodafone la destina a jubilados o pensionistas mayores de 65 años con ingresos familiares que no superen el 120% del IPREM, a jóvenes menores de 30 años en búsqueda de empleo y a titulares del IMV. MásMóvil ofrece su tarifa social en colaboración con la Asociación Innicia, exigiendo no superar el IPREM de 14 pagas en más de un 50% y estar en búsqueda de empleo o en situación de vulnerabilidad. Movistar, por su parte, reserva su tarifa social exclusivamente a pensionistas y jubilados con un determinado nivel de renta.
¿Por qué tan poca gente lo solicita? La explicación más probable es la combinación de dos factores: la gestión descentralizada por comunidades autónomas, que genera plazos y procedimientos distintos según el territorio, y la falta de visibilidad de un programa que no se publicita con la misma intensidad que otras ayudas sociales más conocidas, como el bono social eléctrico o el Ingreso Mínimo Vital.
