Con el fin de coordinar estas ayudas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate sobre el estado de la nación, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se reunió hoy con los consejeros del ramo de esas administraciones.
En un receso, Sebastián anunció que este adelanto se fundamenta en la necesidad de evitar una paralización del mercado en una coyuntura de crisis, una de las urgencias demandadas por los representantes de las firmas automovilísticas que, a juicio del ministro, están "muy satisfechas" con la medida.
A este respecto, las principales asociaciones (Anfac, Aniacam, Faconauto y Ganvam) han agradecido al Gobierno que adelante al 18 de mayo la puesta en marcha de las ayudas directas.
En esta reunión, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no aportará los 500 euros que se demandan a las autonomías para que el monto de las mismas alcance los 2.000 euros propuestos por el jefe del Ejecutivo.
Esta comunidad, que engloba el 27% de las ventas de coches y posee tejido industrial, se mantiene en la propuesta anunciada por la presidenta, Esperanza Aguirre, de promover una rebaja del 20% en el Impuesto de Matriculación.
La iniciativa madrileña se concentra en los tramos más altos del citado impuesto y supone de media una cantidad próxima a los 500 euros, pero deja fuera de los beneficios a los coches menos contaminantes que están libres de este gravamen.
Cataluña, con el tejido industrial automovilístico más importante, y con una cuota de mercado cercana al 20%, por medio de su conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, acusó al Gobierno de "moroso".
Huguet, que se sumó a las críticas sobre las formas del Gobierno de no haber consultado previamente la medida, aseguró que la Generalitat no complementará las ayudas hasta que Cataluña disponga de una financiación justa.
Galicia, también con industria radicada en su territorio, ha pedido al Ejecutivo que financie el coste íntegro de las ayudas por entender que es el Estado el que tiene que pagar.
El consejero de Economía e Industria de Galicia, Javier Guerra, expuso su malestar porque el Gobierno haya eludido la opinión de estas administraciones antes de su anuncio en sede parlamentaria.
Otra comunidad con fabricantes automovilísticos, como Castilla y León, estudia la posibilidad de sumarse a este plan y advierte de que si no lo hace promoverá su propia alternativa.
El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha lamentado la "improvisación" de esta medida, a la que le falta "maduración", al tiempo que ha pedido que las ayudas se extiendan a los vehículos comerciales.
Aragón, el centro de producción de General Motors, por el contrario, se sumará a este plan, anunció el consejero de Industria aragonés, Arturo Aliaga, con lo que, desde el lunes, los aragoneses elevarán el importe de la ayuda a los 2.000 euros.
Aliaga ha pedido en la reunión que las ayudas se extiendan a los coches con emisiones hasta 160 g/km.
En la misma línea, Cantabria expuso su posición favorable y, según su consejero, Juan José Sota, se trata de una medida "adecuada" en un momento de "grave" crisis.
Asturias es otra de las regiones que apoya la propuesta por entender que es una acción necesaria para reflotar un sector estratégico.
Sebastián apuntó que sería deseable que todas las autonomías se coordinaran en la regulación de estas ayudas y significó que decisiones unilaterales solo provocarán incidir en la heterogeneidad de los mercados.
Asimismo, recalcó que el fin de semana es "tiempo de sobra" para que los territorios que hoy no se hayan decantado por una situación pueden sumarse el mismo lunes al proyecto gubernamental.