En un auto fechado el pasado 23 de marzo, al que ha tenido hoy acceso EFE, el juez Pablo González Carreró argumenta que, "en la coyuntura actual del mercado inmobiliario, la salida convencional del concurso pasa necesariamente por dilatarla dentro de los límites razonables".

Agrega que el informe preceptivo del Ministerio de Economía que ha aportado Martinsa-Fadesa "no contiene objeciones a la concreta superación del plazo máximo de espera que aquí propone la concursada, con apoyo en su plan de viabilidad".

El juez ha dado diez días desde la notificación del auto a la administración concursal para que emita su evaluación sobre el plan de pagos y el plan de viabilidad de la empresa.

El plan de pagos contempla la devolución en ocho años de sus 7.005 millones de euros de deuda, de los que el 10% se pagaría en los tres primeros años, lo que permite "centrar los esfuerzos de la compañía en la conservación, consolidación y realización gradual de los activos a medida que se produzca la recuperación del mercado inmobiliario", valora el juez de A Coruña.

"Como es lógico, las previsiones del plan de viabilidad sobre la evolución del mercado en los próximos años -cuatro años de ajuste entre el exceso de la oferta y la demanda y otros tres de consolidación- pueden no cumplirse pero lo que sí está claro es que en la situación actual, agotada la capacidad financiera de la empresa, no es razonable comprometer el pago total o parcial de los créditos concursales dentro del plazo de cinco años", añade.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña considera además que el hecho de que se supere el plazo legal para devolver la deuda se compensa "con el pago íntegro de los créditos concursales y con la previsión de abono de intereses a tipos de mercado, susceptibles de conversión en préstamos participativos"

Asimismo, destaca que las previsiones de ventas de activos que contempla la inmobiliaria para atender el plan de pagos son "selectivas" y "no implican en este caso una liquidación global del patrimonio de la concursada, sino pautas de realización de la propia actividad mercantil a la que se dedica".

Respecto al informe del Ministerio de Economía, el juez recuerda que el documento destaca aspectos de relevancia de Martinsa antes de entrar en concurso, como su capitalización bursátil, su facturación y el número de trabajadores empleados, "sustancialmente reducido tras la declaración de concurso como consecuencia del expediente de extinción colectiva ya aprobado -y otro en tramitación-".

El informe del Ministerio de Economía ha sido duramente criticado por los pequeños acreedores debido a su ambigüedad, ya que, aunque pone de relieve algunos aspectos de relevancia de la inmobiliaria, sostiene que "no es posible concluir" que la situación de Martinsa-Fadesa, en concurso de acreedores desde mediados de julio de 2008, "genere riesgos sistémicos que puedan afectar al conjunto de la economía española".

De hecho, la firma de abogados ForoLegal, que representa a decenas de particulares afectados por el concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa, anunció hoy que pedirá aclaraciones por considerar que el convenio de acreedores no cumple los requisitos legales exigidos para su tramitación.

El socio de ForoLegal Abogados Ignacio González Rivera criticó que el plan de pagos de la inmobiliaria no cuenta con un informe "favorable" del Ministerio de Economía que avala su especial relevancia para la economía española, como ha asegurado el grupo de Fernando Martín.

Además, criticó que el juez mercantil se haya amparado en que el informe no pone objeciones a la extensión del plazo como argumento en favor del plan de pagos.

Para que el convenio de acreedores sea aprobado, necesitará el respaldo de acreedores que ostentan el 50% de los créditos ordinarios. Para su presentación contó con el apoyo de Caja Madrid, La Caixa, Sa Nostra y un grupo de proveedores.