Consumo investiga a una promotora de festivales por prohibir la entrada con comida y cobrar por volver a acceder al recinto
El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a la promotora, que opera en varias comunidades autónomas
Si se constata que la promotora ha incurrido en prácticas abusivas, podría ser sancionada con una multa de hasta un millón de euros
El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música que opera en varias comunidades autónomas por la presunta aplicación de prácticas abusivas. Estas incluyen la prohibición de la entrada con comida y bebida o la obligación de pagar un extra para poder entrar y salir del recinto.
La empresa organiza festivales en distintas comunidades autónomas, por lo que está justificada la intervención del Ministerio de Consumo, argumentan desde la cartera dirigida por Bustinduy.
Tras la apertura del expediente sancionador, comienza el procedimiento de instrucción que se extenderá durante un máximo de nueve meses. En este tiempo, tras recabar pruebas y alegaciones, tendrá que quedar resuelto por los órganos competentes del Ministerio de DDSS, Consumo y A2030. Conviene resaltar que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la instrucción
Las posibles prácticas abusivas detectadas en la promotora
Las tres prácticas abusivas señaladas por el Ministerio de Consumo y en las que podría haber incurrido la gran promotora son:
- La prohibición de forma expresa y generalizada el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los y las asistentes, y denegando el derecho de acceso de forma potencialmente arbitraria.
- La prohibición de que los y las asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente, obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo.
- La imposición de un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e imponiendo gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso; así como estableciendo un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.
Multas de hasta 1 millón de euros
El ministerio de Pablo Bustinduy señala en un comunicado que si se constatan estas prácticas detectadas, podrían suponer infracciones del artículo 47 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, lo que conlleva multas de entre 100.001 euros y un millón de euros.