¿Por qué algunos funcionarios no podrán disfrutar, de momento, de la jornada laboral de 35 horas aprobado por el Gobierno?
Administración Pública y sindicatos negocian para ampliar el número de trabajadores a los que se les aplica la reducción de jornada laboral a 35 horas semanales
¿Los policías y los guardias civiles tendrán también jornada de 35 horas semanales como el resto de funcionarios?
La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) aprobada el pasado 14 de abril se topa con los primeros problemas. Ministerio de Función Pública y sindicatos negocian la aplicación de la norma y, sobre todo, los trabajadores públicos que se benefician y los que quedan excluidos, por lo que, miles de ellos no podrán acogerse todavía a esta reducción.
La resolución publicada en el BOE el pasado 15 de abril establece que la jornada de 35 horas solo se aplica al personal de la Administración General del Estado, Seguridad Social y organismos públicos dependientes de la AGE. Sin embargo, excluyendo, en un primer momento, al personal militar de las Fuerzas Armadas y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Naturaleza singular del trabajo
Además, el BOE señala que varios sectores no se incorporarían de forma automática, sino que su aplicación queda pendiente de negociación sectorial o de adaptación normativa. Lo que, en principio, afectaba a instituciones penitenciarias, instituciones y establecimientos sanitarios, del personal docente y de apoyo a la docencia, y de aquellos puestos cuya "naturaleza singular del trabajo" requiera un tratamiento específico. Para todos ellos, la jornada de 35 horas deberá ajustarse a sus regulaciones propias mediante los mecanismos de negociación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
Finalmente, la resolución mantiene una excepción adicional: los puestos catalogados como de “especial dedicación” continuarán con una jornada de 37,5 horas semanales, pudiendo incluso ampliarse por necesidades del servicio. Cada ministerio u organismo determinará qué puestos entran en esta categoría, lo que implica que una parte del personal de la AGE tampoco verá reducida su jornada en esta primera fase.
También quedan fuera, pendientes de sus propios procesos de negociación, los funcionarios municipales y de otras administraciones.
¿Cuáles son los motivos para las exclusiones?
El Gobierno recuerda en la exposición de motivos de la norma que la medida solo afecta a la AGE y a sus organismos dependientes. Por ello, ayuntamientos, comunidades autónomas y cuerpos no integrados en la AGE quedan excluidos o pendientes de procesos de negociación propios.
Otro de los motivos aducidos para no aplicarles la reducción es que sectores como prisiones, sanidad o educación requieren turnos específicos, cobertura 24/7 o regulaciones sectoriales, lo que obliga a negociar cómo aplicar la reducción sin afectar al servicio público.
Y, finalmente, una falta de desarrollo normativo o instrucciones internas que hasta que no se determinen y negocien pausarán la aplicación.
Los sindicatos logran ampliar la aplicación
Desde la aprobación de la reducción de la jornada laboral a los trabajadores públicos, CSIF, uno de los firmantes del acuerdo, ha reclamado que la jornada de 35 horas se convierta en normativa básica y se aplique “sin exclusiones” a todo el personal de la AGE, incluyendo penitenciarias, exterior y otros sectores aún pendientes.
Durante el periodo de un mes que incluye la norma y que concluye a mediados de mayo, las negociaciones entre la Administración y los sindicatos han permitido dialogar sobre algunas de estas exclusiones.
Así, el personal penitenciario espera a que se adapten sus regulaciones específicas. También los trabajadores de la sanidad en Ceuta y Melilla, dependientes de la Administración Central a través del Ingesa, que ya han abierto negociaciones para adaptar su jornada a las necesidades del servicio.
Y, finalmente, el ministerio de Defensa ha confirmado a la Unión de Militares de Tropa (UMT) que procederá de manera inmediata a modificar la regulación de la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas, “con el objetivo inequívoco de adaptarla a la nueva jornada de 35 horas, equiparando así las condiciones laborales del personal militar con las del resto de la AGE”.
