Tiene tres meses de vida y ya parece agotado; y no porque se haya quedado sin fondos ni mucho menos, el dinero presupuestado (3.000 millones de euros) está disponible, pero su concesión está trayendo de cabeza a funcionarios, asistentes sociales y, sobre todo, posibles beneficiarios. El IMV es una ayuda estatal destinada a familias vulnerables y son muchas. En España hay al menos diez millones de personas pobres, el Ingreso Mínimo Vital quiere llegar a 2,5 millones de personas.
La Seguridad Social ha recibido 900.000 expedientes y, por ahora, son favorables sólo 86.000, un 9,5 por ciento. Además, la descoordinación entre administraciones ha hecho que mucha gente tema perder las ayudas regionales que ahora están cobrando. Como en Madrid, donde les obligan a solicitar el IMV bajo la amenaza de perder la renta mínima de inserción regional. Así que a las demoras, se suma la angustia de tener que presentar un montón de documentación en muy poco tiempo, por medios telemáticos a los que muchos no tienen acceso o haciendo colas interminables en las oficinas de la Seguridad Social.
El Ministerio de Seguridad Social ha puesto en marcha una serie de mejoras en el proceso, reduciendo los requisitos, pero desde los servicios sociales se advierte de que es insuficiente y se reclaman pasarelas de coordinación de datos entre las administraciones regionales y la central, para poder conceder de oficio el IMV.