El acceso de las personas migrantes regularizadas a las pensiones: sus derechos y principales requisitos para solicitarlas

El proceso extraordinario de regulación de cientos de miles de extranjeros en situación irregular en España permitirá que muchos de ellos se sumen al mercado de trabajo de forma legal cotizando a las arcas de la Seguridad Social. El proceso también ha sacado a la luz el acceso en las próximas décadas de la población migrante a la jubilación y sus implicaciones en el sistema público de pensiones. 

La limitaciones de la inmigración como "maná demográfico"

La jubilación en España y el cobro de una pensión están regulados de forma clara y explícita a través de las leyes que desarrollan el fin de la vida laboral de los trabajadores en España. Un reciente informe de FUNCAS, un ‘think thank’ dependiente de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) evaluaba las implicaciones de la inmigración y su relación con el envejecimiento de la población y las pensiones.

En su estudio, 'Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España', Héctor Cebolla y María Miyar cuestionan el papel de la inmigración como "maná demográfico" y presentan un efecto "más limitado, más condicionado y menos duradero" que el que se desprende de "muchos diagnósticos institucionales".

El informe señala que España ha construido en las últimas décadas un modelo de equilibrio demográfico apoyado en la inmigración que ha funcionado "razonablemente bien en el corto plazo" pero "muestra claros signos de agotamiento" y el margen temporal es "cada vez más estrecho".

El centro de análisis aclara que hay margen de actuación porque una mejor gestión migratoria puede aumentar su contribución positiva y reducir algunos de sus costes pero España "no ha desarrollado hasta ahora una estrategia coherente en este ámbito".

Según estos expertos, la inmigración ha "comprado tiempo", pero no ha alterado la trayectoria de fondo: la población inmigrante también envejece y, por tanto, acabará accediendo a la jubilación y demandando pensiones.

Se trata de una cuestión ampliamente abordada por FUNCAS como, por ejemplo, un estudio del economista Desiderio Romero-Jordán, que bajo el título de 'Dinámica de los ingresos públicos: viento en popa con incertidumbres por el envejecimiento' recogido por 'Libre Mercado' concluía que: "En las dos próximas décadas, una parte importante de la población trabajadora inmigrante pasará a formar parte de la población pensionada”.

Según este economista, “en España residen actualmente 8,83 millones de personas nacidas en el extranjero (INE, 2025d)9. De ellas, 1,03 millones llegaron a España antes de 2001 y 2,64 millones lo hicieron en la década 2001 a 2010. La edad media de los inmigrantes que llegan a España está próxima a los 32 años (INE, 2025e). Por tanto, es previsible, que una parte relevante de esos 3,54 millones de inmigrantes que llegaron antes de 2010 hayan generado derechos para recibir una pensión de jubilación contributiva en las próximas dos décadas". Romero-Jordán concluía que "La incertidumbre, y enorme importancia, de estos efectos para el sostenimiento de nuestro Estado del bienestar exige más trabajo analítico de carácter micro".

A partir de esta información y cruzando datos de afiliación a la Seguridad Social, 'Libre Mercado, concluía que durante la próxima década, una parte relevante de estos trabajadores, que el citado medio calculaba en unos 400.000 trabajadores nacidos en el extranjero, "se jubilará haciendo uso de su derecho a pensión".

¿Tendrán derecho los regularizados a una pensión no contributiva?

El proceso de regularización extraordinario también ha sido utilizado para disparar los temores ante un posible acceso de estos trabajadores en un futuro a pensiones no contributivas. Determinados mensajes en redes sociales apuntaban a que la regularización “abría la puerta” a que “extranjeros que nunca han trabajado tengan una pensión no contributiva”. 

Maldita.es, un medio de comunicación dedicado a verificar datos y luchar contra la desinformación, ponía en contexto estas polémicas afirmaciones al recordar que, si bien “las pensiones de jubilación no contributivas las pueden solicitar los mayores de 65 años sin haber cotizado nunca o sin haber cotizado el mínimo de 15 años exigido para acceder a una pensión contributiva”, lo cierto es que “las personas migrantes que se acojan a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, en vigor desde el 16 de abril de 2026, tendrán derecho a una pensión de jubilación no contributiva pasados diez años, ya que deben acreditar ese periodo de tiempo de residencia legal en España antes de optar a esta prestación”. 

En cuanto a los requisitos económicos, punta este medio, “las personas solicitantes deberán acreditar carecer de ingresos o que estos no superen los 8.803,20 euros anuales, una cantidad que se corresponde con la cuantía máxima a percibir como pensión en 2026, lo que equivale a 628,80 euros mensuales.

Hay además más requisitos a cumplir para lograr este derecho como es que “dos años tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud”. 

Maldita.es recuerda que “el derecho a esta prestación, por lo tanto, no será automático” y que “durante el tiempo que dure el cobro de la pensión, deberán mantener su residencia en territorio español”. 

Participación de la migración en el crecimiento del PIB

En este contexto, el Banco de España recordaba en su Boletín Económico del segundo trimestre de 2025 que "entre 2022 y 2024, el ritmo medio de avance anual del PIB per cápita en España fue del 2,9 %", y que "la aportación media directa de la población extranjera a este crecimiento del PIB per cápita se situaría entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales".

Se trataría según los expertos del organismo regulador de una "contribución similar, en términos relativos, a la estimada en otras fases expansivas previas y se habría visto condicionada, principalmente, por dos factores: el avance en el proceso de asimilación —en distintas dimensiones— de los inmigrantes que llegaron a nuestro país a principios de este siglo y las mejoras observadas en el nivel educativo y en la distribución ocupacional de los llegados a España en los últimos años".