Por qué se retrasa la ampliación de El Prat: defensores y detractores de una reivindicación histórica

  • Generalitat, Gobierno, AENA y ayuntamientos afectados debaten esta semana la propuesta de ampliación

  • El espacio protegido de La Ricarda constituye el principal freno para que el megaproyecto siga adelante

  • La obra está presupuestada en 1.700 millones de euros, la mayor inversión en infraestructuras de la última década

El Govern de Pere Aragonès ha trasladado este lunes a las administraciones que han participado en la mesa institucional por la ampliación del aeropuerto El Prat que están trabajando para encontrar "cuanto antes" soluciones para invertir en el futuro de esta infraestructura. Según el conseller Jordi Puigneró, el objetivo principal es cerrar todos los matices para que Barcelona cuente con un hub internacional.

En la reunión ha participado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, el presidente de Aena, Maurici Lucena y los alcaldes de la zona. El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno, Pedro Saura, ha agradecido la predisposición del Govern y ha indicado que es necesario "tomar una decisión dentro de unos meses, a la vuelta de verano, por lo que conviene agilizar los trabajos".

Reclamación histórica

La ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat ha sido una reclamación histórica del sector económico catalán, asumida hasta ahora por la Generalitat, que afeaba al Gobierno que hubiera otorgado más peso al aeropuerto de Madrid Barajas en perjuicio de Cataluña. El debate se reabrió el pasado 27 de febrero, cuando el presidente de Aena, Maurici Lucena, presentó en el Círculo de Economía su propuesta de ampliación del aeropuerto catalán. La obra está presupuestada en 1.700 millones de euros, la mayor inversión estatal en infraestructuras en la última década.

La iniciativa contempla la ampliación de una pista y la construcción de una nueva terminal, pero cuenta con dos escollos. Obliga a recalificar una zona verde protegida y amparada por la UE; y necesita el respaldo de las instituciones antes de verano, cuando Aena aprueba su plan de inversiones quinquenal.

Estas condiciones han sido leídas por el independentismo como una «imposición» desde una institución "centralizada" como Aena. Esto les ha llevado a apoyar la negativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que defiende la preservación del medio ambiente.

"Imposición" desde Madrid

Aena puede aprobar la ampliación del aeropuerto sin el apoyo de la Generalitat ni ayuntamientos pero sólo con el beneplácito institucional conseguirá que la Unión Europea recalifique el terreno. Por ello, el presidente de Aena ha iniciado una búsqueda de apoyos en la sociedad civil catalana para llevar a cabo su proyecto

Los agentes económicos consideran la ampliación del aeropuerto del Prat "indispensable" para la atracción de capitales y la recuperación post-covid. Unas 200 entidades han firmado un manifiesto a favor de la ampliación. Entre ellas, destaca la presencia de el Círculo de Economía, la Cambra de Comerç de Barcelona, la escuela de negocios ESADE, Foment del Treball, RACC, la patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec, Mobile, Barcelona Tech City, Ufec, UPM, Barcelona Global, Barcelona Oberta y Gremi de Restauradors.

Los firmantes consideran que el aeropuerto "uno de los principales motores de competitividad, ocupación y futuro" de Cataluña y de la región Euro Mediterránea y advierten que el aeropuerto se encuentra al límite de su capacidad, que está en los 55 millones de pasajeros. En 2019, el aeropuerto registró 53 millones de viajeros.

Agentes económicos y sector turístico lo ven "indispensable"

Sin embargo, el mayor interesado es Aena, que ha diseñado la propuesta de ampliación argumentando que el aeropuerto "dejará de ser competitivo en 2024", cuando se recupere el tráfico anterior a la pandemia. También están a favor las líneas aéreas, que ven en que El Prat un hub de conexiones de los aviones de largo recorrido que vuelan entre Asia y América.

El sector turístico es la última pata que defiende esta ampliación. La ven como herramienta para atraer a visitantes de Estados Unidos y China, con mayor poder adquisitivo y reducir la dependencia de turistas de Reino Unido y Rusia, los principales exportadores de viajeros de la Ciudad Condal.

El PSC apoya la ampliación y su secretario de organización, Salvador Illa, instó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a respaldar la ampliación. En el pleno de Ayuntamiento de Barcelona, los socialistas contaron con el apoyo del PP, Cs y Barcelona pel Canvi de Manuel Valls.

Generalitat, ayuntamientos y ecologistas, en contra

El argumento de más peso en contra de la ampliación de la tercera pista es La Ricarda, una laguna de 800 metros de largo y 100 de ancho. Los humedales son un hábitat natural para cientos de aves que paran en ella y forman parte de la Red Natura 2000, de conservación de la biodiversidad. Desproteger este área requiere la aprobación de la Comisión Europea, algo muy difícil sin los informes favorables de la autoridad competente en medio ambiente, es decir, la Generalitat.

Aragonès no se ha pronunciado abiertamente al respecto, pero en el Ayuntamiento de Barcelona, Esquerra votó junto a los comunes de Ada Colau en contra de ampliar el aeropuerto, mientras Junts se abstuvo.

Aena ha propuesto una compensación a los municipios: por cada kilómetro cuadrado de laguna perjudicada aumentarían diez más en otro lado del humedal. El Prat de Llobregat, la población más afectada por la polución aérea y el ruido de los aviones, está lejos de dejarse convencer por esta compensación. Su alcalde, Lluís Mijoler (Comunes) es uno de las voces defensoras de la protección del paraje.

Las entidades ecologistas tampoco van a dar su brazo a torcer y, además, se sienten respaldadas por Bruselas que en febrero llamó la atención a las autoridades competentes por haber permitido el deterioro del Delta del Llobregat como consecuencia de las expansiones del puerto y el aeropuerto.