{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Rodrigo Rato ha sido el único de los 34 acusados en el caso Bankia que ha ejercido su derecho a dirigirse al tribunal por última vez. "Nunca hemos tenido otro objetivo que la defensa de los intereses de nuestros accionistas", ha declarado el expresidente. Esta vez sí quiso hacer uso de su derecho a intervenir, a diferencia de lo que ocurrió en el juicio de las 'tarjetas black' por el que cumple condena a cuatro años y medio de cárcel. En esta causa, la Fiscalía pide para él una condena de ocho años y medio.
El alegato de Rato duró apenas tres minutos.
El "visto para sentencia" de la magistrada que preside la sala de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo (que también presidió el tribunal que juzgó las ' tarjeta black'), pone fin a diez meses de juicio y cinco años de instrucción para juzgar una salida a bolsa que se gestó durante los 17 meses que Rodrigo Rato estuvo al frente de Bankia. Tras el fiasco de la salida a bolsa, 225.100 pequeños inversores perdieron sus ahorros aunque la entidad (que sigue siendo mayoritariamente pública) se los ha reintegrado.
El cambio de criterio de la Fiscalía ha marcado el juicio. Al principio acusaba a los cuatro antiguos administradores del banco por supuesta estafa a inversores. Finalmente también los ha acusado de falsedad de cuentas. El enojo de las defensas fue mayúsculo advirtieron durante el proceso que no sabían a qué acusaciones concretas se enfrentaban.
Estas son las condenas que solicita el Ministerio Público:
Al margen de los gestores, la fiscal Carmen Launa amplió el su acusación a otra decena de personas, entre ellas, los exconsejeros con presencia en los comités de auditoría del grupo BFA-Bankia, entre ellos el exministro Ángel Acebes, así como el interventor Sergio Durá y el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que la fiscal considera "cooperador necesario" por avalar una auditoría que hizo posible que se editase un folleto de salida a bolsa que no reflejaba la situación real de la entidad: "las cuentas se encontraban muy alejadas de su realidad patrimonial", afirmó Carmen Launa.
Para la fiscal, los acusados conocían las irregularidades contables "perfectamente" y sabían que las coberturas de las que disponía la entidad "no eran las adecuadas", sobre todo teniendo en cuenta el momento de crisis económica e inmobiliaria del momento de la salida a bolsa, que ocasionaba un gran deterioro a los activos del banco.
El resultado, según la fiscal, una pesadilla que se convirtió en realidad: "esta pesadilla sucedió, supuso un mal despertar para miles de españoles que tienen derecho a conocer lo que pasó y, además, a exigir las responsabilidades correspondientes para evitar que sucesos que provocaron el colapso económico y social de una época vuelvan a repetirse".
Entre los momentos más destacados del juicio (aunque no sea tan relevante para la causa que se juzgaba), las acusaciones de Rodrigo Rato al exministro de Economía Luis de Guindos. Según el exnúmero uno de Bankia, de Guindos le enseñó la puerta de salida de la entidad en una cena en el Ministerio de Economía, el 6 de mayo de 2012. Estaban presentes los presidentes de las otras grandes entidades bancarias: Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA) e Isidre Fainé (La Caixa).
Rodrigo Rato aseguró en el juicio que Francisco González pidió su cabeza en esa cena. Una versión que corraboró el expresidente del BBVA en el juicio: "lo mejor era que dimitiera. Le dije que no iba a conseguir ese capital y que diera paso a una solución viable que pasaba por poner mucho dinero por parte del Estado. El ministro (de Guindos) asintió y Fainé estuvo más dubitativo. Para mí fue una sorpresa que la dimisión fuera tan rápida"
Del juicio no sale bien parada la imagen del Banco de España. Los informes periciales de dos inspectores y los correos del exresponsable de supervisión de Bankia, José Antonio Casaus, desvelan que las cuentas de Bankia no estaban saneadas ni antes ni después de la salida a bolsa. Los correos internos en los que funcionarios encendían las alertas sobre las cuentas de la entidad fueron calificados como "charlas de café" por José Antonio Gracia, jefe de grupo del Banco de España al cargo de Bankia.
Y otra mancha más. Aunque ninguno de los funcionarios del Banco de España ha sido procesado, sí hubo imputados en la fase de instrucción. Algunas defensas describieron esta situación como "la falacia de envenenar el pozo": ¿se debe creer a quien ha levantado dudas en la fase de instrucción?
Hasta la fiscal Launa tiró de las orejas al supervisor en su escrito de conclusiones definitivas asegurando que había cometido "defectos de actuación".
También se dedicaron parte de los interrogatorios a averiguar si el regulador bancario había llamado a las grandes empresas del país para presionar para que invirtiesen en Bankia. El final, ya lo sabemos. Bankia necesitó más de 22.000 millones de euros de dinero público. Ahora quedan unos meses para saber si la Audiencia Nacional condena a los antiguos gestores y supervisores por la salida a bolsa de Bankia.