Prácticas abusivas de las agencias inmobiliarias que puedes denunciar: desde pagar una comisión a contratos temporales

Cada vez son más las personas que se enfrentan a situaciones injustas al alquilar una vivienda, especialmente en un mercado tensionado y con una fuerte demanda como el de España. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, afirman, se han intensificado los esfuerzos por identificar y sancionar a las agencias inmobiliarias que vulneran los derechos de quienes alquilan.

En este contexto, la Dirección General de Consumo ha puesto en marcha investigaciones que revelan prácticas que no solo resultan abusivas, sino que en muchos casos pueden denunciarse.

Los abusos más comunes incluyen el cobro de comisiones indebidas, la imposición de servicios que no han sido solicitados o la utilización de contratos temporales sin justificación válida. Este tipo de comportamientos atentan contra lo que establece la legislación vigente, especialmente la ley 2/2023 de 24 de mayo, que regula el derecho a la vivienda y refuerza la protección de los inquilinos.

El cobro de comisiones por parte del inquilino

Una de las prácticas abusivas más extendidas por parte de algunas agencias inmobiliarias es la de hacer pagar al inquilino los gastos de gestión del alquiler. A pesar de que la ley lo prohíbe expresamente, se sigue pidiendo a quienes alquilan que asuman una comisión, en lugar de trasladar ese coste al propietario, que es quien realmente contrata los servicios de la agencia.

Según la normativa vigente, exigir estas comisiones puede suponer una infracción grave con multas que podrían alcanzar hasta los 100.000 euros, y en casos de especial gravedad, incluso más.

En muchos casos, los inquilinos desconocen que tienen derecho a negarse a pagar estos importes, creyendo que es una condición obligatoria del contrato.

Contratos temporales sin justificación

Otro de los comportamientos que ha sido señalado por las autoridades es el uso indebido de contratos temporales. Este tipo de contrato solo es válido si hay una razón real y demostrable para que la duración del arrendamiento sea limitada. Sin embargo, en muchas zonas con alta afluencia turística, se están utilizando estos contratos para que la vivienda pueda destinarse después al alquiler vacacional, especialmente en los meses de verano.

Esta práctica no solo es contraria a la ley, sino que también perjudica gravemente al inquilino, que se ve obligado a abandonar la vivienda tras un corto periodo, sin posibilidad de consolidar su residencia en ese espacio. Desde Consumo se considera que este tipo de contratos, cuando no están debidamente justificados, pueden considerarse abusivos y sancionables. Si te encuentras en esta situación, es importante saber que puedes presentar una reclamación.

Imposición de servicios no solicitados

En algunos casos, las agencias también obligan a los inquilinos a contratar productos adicionales como seguros de impago, servicios de mantenimiento o incluso seguros del hogar, sin que estos hayan sido solicitados ni negociados previamente. Esta práctica también ha sido objeto de investigación por parte de la Dirección General de Consumo, que ha incoado expedientes a varias empresas por este motivo.

Desde asociaciones de consumidores como Facua o la CECU, se ha denunciado esta situación en reiteradas ocasiones, señalando que este tipo de cláusulas no solo son abusivas, sino que en muchos casos rozan la ilegalidad. Obligar a una persona a contratar un servicio adicional para acceder a una vivienda supone una vulneración clara de sus derechos como consumidor.

Ya hay muchas acciones legales en curso

Las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo han dado lugar a procesos sancionadores que ponen el foco en la actuación de agencias que operan en todo el territorio nacional.

Algunas de estas investigaciones se han iniciado tras las denuncias presentadas por organizaciones de inquilinos, asociaciones de consumidores e incluso ciudadanos particulares.

Las consecuencias para las agencias inmobiliarias que incurren en prácticas abusivas pueden ser muy severas. Además de las multas económicas, las sanciones pueden suponer un importante daño reputacional.

Según la Ley de Defensa de los Consumidores, cuando se demuestra que ha existido un beneficio ilícito, la sanción puede llegar a multiplicarse por seis u ocho veces el importe obtenido de forma fraudulenta.

En paralelo a la lucha contra los abusos de las agencias, el Gobierno también ha intensificado las acciones contra las plataformas que difunden anuncios ilegales de viviendas. Solo Airbnb ha sido recientemente obligada a retirar más de 65.000 anuncios de pisos turísticos que no contaban con el número de licencia requerido.