Consumo investiga los anuncios de viviendas en alquiler en zonas tensionadas con precios que superan lo que marca la Ley
La investigación de Consumo responde a la detección de falta de transparencia en los datos de la oferta de alquiler
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El Gobierno quiere que se cumpla la ley para los propietarios con más de 10 viviendas. Por ello el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo está investigando los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas con precios que superen las restricciones a las que obliga la normativa vigente, según el comunicado de este departamento.
El Ministerio que dirige, Pablo Bustunduy ha explicado que supervisarán los anuncios en grandes portales inmobiliarios que ofrezcan pisos en alquiler a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores (bancos, inmobiliarias, fondos de inversión, en su mayoría); también los que no incluyan cuál era el precio del último contrato de arrendamiento que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.
Estos anuncios, podrían ser infracciones de la normativa de consumo como “prácticas desleales por engañosas” y, por tanto, acarrear sanciones, según ha apuntado el Ministerio.
La responsabilidad de los portales inmobiliarios de los anuncios de las viviendas en alquiler
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios de internet de viviendas situadas en zonas tensionadas información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar el precio del inmueble en alquiler, según la normativa.
Entre ellos, el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha informado recientemente por carta a los diferentes portales y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en esta ley y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.
El inicio de esta investigación responde a que se han detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas y en medio de un debate a nivel nacional sobre las políticas a seguir en materia de vivienda en el que han surgido discrepancias entre el PSOE y Sumar, que posee las competencias de consumo.