900 euros por una caseta de jardín en Mallorca: el anuncio que desata la indignación de la población y evidencia la crisis de vivienda
Un anuncio de alquiler de una caseta de 25 metros cuadrados por 900 euros al mes en Mallorca ha provocado una oleada de críticas
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La crisis de la vivienda en España vuelve a quedar retratada con fuerza en un polémico anuncio de alquiler en Mallorca que ha desatado críticas y debate público. La oferta, que ya ha sido retirada de las plataformas digitales, proponía alquilar una caseta de jardín de unos 25-27 m² por 900 € al mes, ubicada en Sa Casa Blanca, a unos quince kilómetros de Palma de Mallorca, dentro de una finca rústica donde existe también una vivienda principal.
El anuncio no solo ofrecía un espacio muy reducido una construcción de madera con servicios básicos sino que establecía restricciones poco habituales: solo se podía alquilar a una persona, no se admitían parejas ni mascotas, y se exigía disponer de transporte propio por la ubicación aislada.
Este caso ha encendido las redes sociales y ha suscitado críticas incluso entre profesionales del sector inmobiliario, que han cuestionado la legalidad de calificar esta construcción como “finca rústica” para uso residencial y han señalado irregularidades en su certificado energético.
Los precios del alquiler han crecido de manera sostenida en los últimos años y en regiones como Baleares se encuentran entre los más elevados del país, con alquileres medios que pueden superar los 1 500 € mensuales
Estas tensiones no son exclusivas de las islas. En todo el país, la subida de los precios del alquiler ha superado históricamente la de los salarios, empujando a muchos inquilinos a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar por una vivienda, o a optar por soluciones de habitación compartida o arrendamientos marginales como este caso extremo.
La escasez de vivienda asequible en zonas de alta demanda, impulsada en parte por el crecimiento del alquiler turístico y la presión de compradores extranjeros, ha generado protestas masivas en varias ciudades y debates políticos sobre medidas urgentes para aumentar la oferta de vivienda social, regular los precios del alquiler y limitar la conversión de casas residenciales en alojamientos vacacionales.
En ese contexto, la polémica de la caseta de jardín de 900 € representa no solo una curiosidad mediática, sino un síntoma más de una crisis habitacional estructural en la que muchos residentes locales ven cada vez más difícil el acceso a una vivienda digna y asequible en su propio entorno.
