El exdiputado Alberto Rodríguez reclama 134.000 euros al Congreso por retirarle el escaño
Se le retiró tras ser condenado por agredir a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna
La cantidad que solicita correspondería a los sueldos que dejó de percibir desde noviembre de 2021
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El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha reclamado al Congreso una indemnización de 134.000 euros por la retirada de su escaño, después de que fuera condenado por agredir a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife), han confirmado fuentes parlamentarias.
Según la reclamación de Rodríguez, adelantada este martes por El País, esta cantidad correspondería a los sueldos que dejó de percibir desde noviembre de 2021, cuando le fue retirada la condición de diputado, hasta que fue disuelta la legislatura, en mayo de 2023.
En un informe de la asesoría jurídica del Congreso, al que ha tenido acceso EFE, los letrados señalan que el órgano competente para conocer la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Rodríguez es el Consejo de Ministros.
Por ello, los letrados apuntan a la posibilidad de que la Mesa del Congreso inadmita a trámite esta solicitud del exdiputado de Unidas Podemos "por falta de competencia", un asunto que abordará este órgano en su reunión de este martes.
Tribunal Supremo condenó a Rodríguez
El Tribunal Supremo condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de 45 días.
Por ello, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró en octubre de 2021 el escaño a Rodríguez en virtud de la sentencia, que implicaba la pérdida de la condición de diputado, hecho que recurrió el afectado ante el Tribunal Constitucional.
Este tribunal de garantías estimó en enero de 2024 el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó y le otorgó el amparo, con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cuatro en contra de la minoría conservadora, anulando la condena de inhabilitación.
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