Las barreras legales de reformar la Constitución para incluir el derecho al aborto: "Conlleva un consenso poco realista"
La comparación con Francia, que en 2024 se convirtió en el primer país en incluir el aborto en su carta magna, está sobre la mesa
El Gobierno propone incluir el derecho al aborto en la Constitución
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un debate de enorme calado político y jurídico al anunciar que llevará al Congreso una propuesta de reforma de la Constitución para incluir el aborto como derecho fundamental.
La iniciativa surge en plena polémica por la moción presentada por Vox y respaldada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid, que proponía informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto” sin evidencia científica.
El Ejecutivo ha respondido asegurando que no permitirá que se difundan informaciones falsas y que blindará en la Constitución un derecho ya amparado por el Tribunal Constitucional.
El reto, sin embargo, no es baladí. La reforma constitucional requeriría una mayoría cualificada en el Congreso y el Senado, lo que obliga al Gobierno a buscar el apoyo del PP.
El objetivo de Sánchez es forzar a la formación de Alberto Núñez Feijóo a definirse con claridad, en un momento en que las encuestas muestran el ascenso de Vox y la presión de la derecha sobre los populares. El debate, lejos de ser técnico, se convierte en una cuestión estratégica en el panorama político español.
Los obstáculos de una reforma constitucional
El Gobierno ha explicado que la iniciativa se tramitaría mediante el procedimiento ordinario, evitando la disolución de Cortes y la convocatoria de un referéndum.
Sin embargo, juristas y expertos advierten de que una modificación que afecte a derechos fundamentales requeriría el procedimiento de revisión del artículo 168 de la Constitución, que exige una mayoría reforzada de dos tercios y una consulta popular. Esto convierte la propuesta en una empresa complicada en el actual contexto parlamentario.
La comparación con Francia, que en 2024 se convirtió en el primer país en incluir el aborto en su carta magna, está sobre la mesa. Moncloa sostiene que España podría ser el segundo país en dar este paso, aunque reconoce que la correlación de fuerzas hace muy difícil materializarlo. El PSOE incluyó ya la idea en su congreso de Sevilla, pero solo ahora la ha rescatado tras la polémica generada en Madrid.
¿Es posible un referéndum sobre el aborto?
Sí, si al menos una décima parte de los diputados o senadores lo solicitara, la iniciativa tendría que someterse a la ciudadanía mediante un referéndum.
En el caso de que la modificación afecte a los derechos fundamentales, la Constitución exige una mayoría reforzada de dos tercios. De alcanzarse ese umbral, las Cortes se disolverían y se convocarían elecciones, de modo que el nuevo Parlamento volviera a pronunciarse sobre el texto.
El primer obstáculo aparece en el propio Congreso. Las formaciones progresistas no cuentan por sí solas con el número de escaños suficientes para registrar la propuesta, ya que se requiere un mínimo de 70 diputados. Esto les obliga a buscar el respaldo de otros grupos parlamentarios para poder poner en marcha la reforma.
El segundo escollo se encuentra en el Senado. Incluso si la iniciativa lograra avanzar en la Cámara Baja, debería superar después el filtro de la Cámara Alta, donde el Partido Popular cuenta con mayoría suficiente para bloquearla.
Ese escenario convierte la viabilidad de la reforma en un reto político de enorme complejidad y casi imposible de ejecutar.
Una cuestión de derechos y equidad territorial
El Gobierno ha insistido en que esta reforma tiene también un componente de igualdad territorial. El acceso al aborto en centros públicos varía de forma notable entre comunidades autónomas.
Un estudio del Instituto de las Mujeres muestra que en Cataluña el 41,8% de las interrupciones se realizan en hospitales públicos, mientras que en Madrid apenas alcanzan el 0,27%. Estas diferencias, señalan desde Moncloa, evidencian la falta de equidad en el acceso a un derecho reconocido y consolidado desde 2010.
A ello se suma la voluntad del Ejecutivo de modificar la ley vigente para que toda la información ofrecida a las mujeres esté avalada por criterios científicos de instituciones internacionales como la OMS o la APA. Se trata de cerrar la puerta a teorías que carecen de sustento, como el llamado “síndrome post aborto”, que ha vuelto al debate político sin base objetiva.
La visión de la abogacía penal
Para comprender mejor los límites jurídicos de la iniciativa, hablamos con Marta Pellón Pérez, Abogada Penalista, Criminóloga y Socia Directora de Palladino Pellón & Asociados, quien ofrece una visión crítica sobre la viabilidad de la propuesta.
“Entiendo que lo que se busca es un blindaje constitucional para dificultar que este derecho se vea afectado por quien se encuentre en el gobierno en un momento determinada -y añade- pero siendo realistas, no creo que en este momento en España sea posible reformar nuestra Constitución para incluir el derecho al aborto, ya que una reforma de ese calado requiere de un consenso que no parece viable al menos en el escenario parlamentario que tenemos configurado actualmente”.
Hablamos de contar con una mayoría de dos tercios y luego ratificar en un referéndum, lo que conlleva obligadamente un consenso extraordinario poco realista, al menos hoy
Pellón recuerda que este tipo de reforma exigiría mayorías muy reforzadas. “Hablamos de contar con una mayoría de dos tercios y luego ratificar en un referéndum, lo que conlleva obligadamente un consenso extraordinario poco realista, al menos hoy. Según mi criterio y por el tipo de derecho fundamental que afecta, esta modificación exige ser planteada al pleno por la vía del procedimiento de revisión constitucional del Artículo 168”, apunta.
En relación a la validez de las referencias científicas, la abogada puntualiza: “Desde luego quien establece científicamente que tiene base objetiva y respaldo no es el parlamento, sino instituciones -y explica- sin embargo, legalmente priman siempre las normas jurídicas del ordenamiento español y europeo por sobre las recomendaciones o directrices de organismos internacionales como la OMS o la APA. Es decir, que aunque se mencione que cierta información debe estar ‘respaldada por estándares’ de estas instituciones, esto no implica que sus posturas tengan valor normativo superior al de la legislación nacional o europea”.
Un debate que divide a los partidos
El aborto sigue siendo un tema incómodo para el Partido Popular. La formación ha evitado fijar una posición clara en sus últimos congresos y ha preferido esquivar un asunto que divide a su electorado.
Sin embargo, la presión de Vox y la necesidad de diferenciarse en la competición por el voto conservador obligan a Feijóo a responder a la iniciativa de Sánchez.
La propuesta del Ejecutivo, aunque difícilmente realizable, abre un debate de fondo sobre el alcance de los derechos sexuales y reproductivos en España y sobre el papel de la Constitución como garantía frente a posibles retrocesos.
