Antxon Alonso, tercer detenido por corrupción tras el arresto de Leire Díez y Vicente Fernández
Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, fue detenido este miércoles en Vizcaya
La detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández: los delitos que se investigan y su paso a disposición judicial
Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, ha sido detenido en la misma operación anticorrupción que la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por contratos públicos bajo sospecha.
Antxon Alonso, el tercer detenido, fue arrestado también este miércoles, en su caso en Vizcaya, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza. Hay otros registros en empresas vinculadas de alguna forma a Servinabar en Sevilla y Madrid.
Investigación paralela al caso Koldo
Los tres, Díez, Fernández y Alonso, han sido arrestados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.
Los tres estarían siendo investigados por supuestos ama ños en contratos a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Al menos a Díez y Fernández se les atribuyen cinco delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias.
Vicente Fernández trabajó en Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo, después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis, la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que ha sido absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.
Servinabar es una empresa vinculada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con una trama que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.
