El TS rebaja a siete años de prisión la condena a un dueño de Petromiralles por fraude fiscal con hidrocarburos
Le absuelve del delito de blanqueo de capitales pero confirma el de tenencia ilícita de armas
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El Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente el recurso de casación presentado por José María Torrens Ferrer, administrador de la empresa de distribución de hidrocarburos Petromiralles, y ha rebajado su condena de 13 a 7 años de prisión, al absolverle del delito de blanqueo de capitales por el que la Audiencia Nacional (AN) le había impuesto seis años de cárcel y una multa de 24 millones de euros en 2022.
En una sentencia recogida, la Sala de lo Penal considera que en los hechos probados no se identifican conductas con un mínimo de precisión atribuibles a Torrens que permitan sostener la condena por blanqueo. El alto tribunal subraya que el dinero manejado a través de distintas cuentas, algunas de ellas en el extranjero, no aparece vinculado directamente a Petromiralles, ni consta que el empresario gestionara esas cuentas o impartiera instrucciones sobre su uso.
Solo se acredita un retorno de algo más de un millón de euros, que podría estar justificado como devolución de un préstamo, mientras que el resto de fondos no tiene un destino relacionado con la empresa de hidrocarburos
En este sentido, el Supremo recuerda que no basta con conocer que se están cometiendo fraudes para convertirse en colaborador de un delito de blanqueo por cobrar cantidades que podrían estar realmente adeudadas.
Pese a ello, el TS confirma la condena a Torrens por tres delitos contra la Hacienda Pública, relacionados con una operativa destinada a defraudar el IVA en los años 2011, 2012 y 2013, así como por un delito de tenencia ilícita de armas, manteniendo además una multa de 213 millones de euros.
La sentencia ratifica íntegramente la condena de 12 años de prisión y 352 millones de euros de multa para el asesor José María Talarn Brich, por tres delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales
Asimismo, el tribunal mantiene la pena de 3 años de cárcel y 97 millones de euros de multa para Antonio Rodríguez Estepa, administrador de una empresa de distribución minorista de hidrocarburos.
Por otro lado, el Supremo estima parcialmente el recurso de uno de los acusados que alegó dilaciones indebidas y le rebaja la pena a nueve meses y medio de prisión. Además, el alto tribunal da la razón a la Agencia Tributaria y acuerda que la responsabilidad civil subsidiaria de Petromiralles se extienda a toda la cantidad defraudada a Hacienda por Torrens, y no solo al beneficio obtenido, como había fijado la sentencia recurrida.