El Supremo dice no a indultar a García Ortiz, pero la decisión está en manos del Gobierno
El informe es preceptivo pero no vinculante y ahora la decisión está en manos del Ejecutivo.
García Ortiz afirma que se le condenó sin pruebas y que se sintió "maltratado" durante el juicio: "Fueron momentos difíciles"
El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a que el Gobierno conceda el indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para ese cargo por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Los magistrados que juzgaron a García Ortiz consideran "por mayoría" que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para que se le otorgue esta medida de gracia, y destacan la gravedad de unos hechos que tuvieron una "afectación importante de la institucionalidad" de la Fiscalía.
En su informe, preceptivo pero no vinculante, resaltan además que no han visto en el condenado una actuación posterior que "suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico". "Se indultan las penas; no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas sino sólo las que están en ejecución (...). En el caso solo pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado", precisa la Sala.
Contravenir "la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad" de las actuaciones de la Fiscalía es para los magistrados "un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia".
El informe desfavorable subraya además la "sustancial falta de contenido del indulto" y apunta a que los ciudadanos que pidieron al Ejecutivo esta medida de gracia -entre ellos un fiscal y una magistrada ya jubilados- "no justifican, en modo alguno, ni informan, sobre razones de justicia, equidad y de utilidad pública".
Tras dos semanas de juicio, Álvaro García Ortiz fue condenado el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, así como al pago de una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil que ya abonó.
El tribunal, con dos magistradas de siete en contra, le consideró responsable de un delito de revelación de secretos por filtrar información reservada del procedimiento por presunto fraude a Hacienda abierto contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Tras la sentencia -que García Ortiz y el Ministerio Público recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional, tres ciudadanos solicitaron al Gobierno el indulto para el ex fiscal general del Estado, ahora destinado en Fiscalía de lo Social en el Supremo.
El informe del tribunal sentenciador llega después de que hace unos meses la Fiscalía sí apoyase un indulto parcial a García Ortiz, en concreto respecto a la pena de inhabilitación.
Tras estos informes, la pelota llega al tejado del Ejecutivo, que, según la ley que regula el indulto, de 1870, tiene facultad discrecional y no está obligado a explicar o justificar los motivos por los que otorga esta medida de gracia.