El Supremo plantea llevar a la justicia europea el proceso de regularización de migrantes: más de un millón de solicitudes ante una "medida necesaria"

El Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso la regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si entrara en conflicto con el derecho comunitario.

Así lo acuerda el alto tribunal en dos providencias que ha dictado en la tramitación de los recursos interpuestos por las comunidades autónomas de Valencia y Aragón contra determinados aspectos del real decreto del pasado 14 de abril conocido como de 'regularización de extranjeros'.

Medidas solicitadas por las comunidades autónomas

En dichas resoluciones el Supremo ha traslado a las partes para que en el plazo de cinco días puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE "una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE".

Estas providencias han sido dictadas por el tribunal antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas.

El Supremo pide a las partes que manifiesten su parecer sobre la compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE "de una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste coordinación previa al respecto con los demás estados miembros".

Pacto de Migración y Asilo

El tribunal explica que en virtud del real decreto "un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta".

Recuerda que la UE aprobó en 2024 el Pacto de Migración y Asilo por el que los estados miembros asumieron nuevas obligaciones que se han plasmado en normas que establecen un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión.

Añade que el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España "contiene un proceso que constituye un supuesto de regularización normativa de la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España".

"No se trata pues de un reconocimiento individualizado de dicho permiso sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular debiendo reunir determinadas condiciones", agrega.

La responsabilidad de la Unión Europea

El Supremo advierte de que "el régimen de regularización establecido en el Real Decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la UE".

Abunda en que el reglamento europeo que desarrolla este pacto "establece con rotundidad que el marco común es necesario para abordar de manera eficaz el fenómeno creciente de llegadas mixtas de personas que necesitan protección internacional y de quienes no la necesitan".

Y recalca que el reglamento establece que "la responsabilidad por las llegadas de migrantes y solicitantes de asilo a la Unión no debe ser asumida por los estados miembros por separado sino por la UE en su conjunto".

Plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes

Este martes 30 de junio finaliza el plazo de dos meses y medio que habilitó el Gobierno para solicitar la regularización extraordinaria de todos los inmigrantes que viven en España desde antes del pasado 1 de enero sin permiso de residencia y trabajo, siempre que no tengan antecedentes penales.

El periodo para formalizar la solicitud de esta medida, dirigida también a quienes solicitaron asilo antes del pasado 1 de enero, empezó el 16 de abril para la vía telemática y, cuatro días después, en formato presencial a través de más de 400 puntos habilitados entre oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de Correos.

Todavía hoy se puede presentar la solicitud, tanto por la plataforma virtual Mercurio, accesible desde la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como en persona, para lo que es necesario pedir cita previa.

Problemas para conseguir cierta documentación

Las primeras semanas desde la apertura del proceso dejaron imágenes de largas colas a las puertas de servicios municipales y las ONG acreditadas para expedir el certificado de vulnerabilidad, un documento necesario solo en algunos casos, pero a medida que más entidades se registraron para ofrecerlo, el problema se ha resuelto.

Sí han persistido, en cambio, las trabas para personas de algunos países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia a la hora de conseguir el certificado de antecedentes penales, un requisito indispensable para acceder a la medida, aunque el Gobierno ha habilitado la posibilidad de activar la vía diplomática para conseguir este papel, que se pondrá a prueba en las próximas semanas.

Ante estos problemas de acceso, entidades sociales, la plataforma ciudadana que impulsó la medida Regularización Ya, y partidos como Sumar y Podemos han pedido una prórroga del plazo, algo que el Ejecutivo siempre ha rechazado.

Sánchez celebra que más de un millón de inmigrantes han solicitado la regularización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes 30 de junio que el proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Ejecutivo ha recibido más de un millón de solicitudes, una cifra que demuestra, ha subrayado, que era una "medida necesaria".

Lo ha señalado durante la inauguración celebrada este martes en Madrid de la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía , que, según ha anunciado, estará dotado con 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es, precisamente, esta regularización para dar permiso de residencia y trabajo a quienes ya viven en España.

Sánchez ha detallado otras medidas dentro del plan, compuesto por 4 ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030, como una estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales y seguras y la puesta en marcha de una agencia estatal de movilidad humana.