La acusación popular pide 13 años de cárcel para Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación

La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, pide para la mujer del presidente del Gobierno, 13 años de cárcel para ella y seis para su asesora, Cristina Álvarez. La organización Hazte Oír, ha tenido que rebajar su petición de 24 y 22 años, respectivamente después de que la Audiencia Provincial decidiera avalar la polémica investigación del juez Juan Carlos Peinado, pero limitando los delitos contra ella de cuatro a dos: tráfico de influencias y malversación. La acusación particular reclama que durante el proceso declare como testigo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Las acusaciones lideradas por Hazte Oír han presentado su petición de 13 años de prisión a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación, y a Cristina Álvarez por malversación, para que presenten nuevos escritos de conclusiones de cara al futuro juicio con jurado popular.

La acusación popular modifica el escrito que presentó en su día -en el que pedía hasta 24 años de cárcel para Gómez y 22 para Álvarez- y pide un total de 13 años de prisión para Begoña Gómez: dos años por tráfico de influencias, tres años por delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por este mismo delito pero sin ser continuado. Subsidiariamente solicita 10 años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con el de malversación.

También solicitan que a la acusada se le prohíba contratar con el sector público, obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por 10 años, que se la suspenda de empleo o cargo público por cuatro años y e inhabilitación absoluta por 20 .

La acusación popular, que destaca el "giro radical" en la trayectoria profesional de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, afirma en su escrito de acusación que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento". 

La acusa además de un delito de malversación por el "destino a usos privados" del trabajo de su asesora, Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos cuando su retribución "está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional de la esposa del presidente del gobierno".

Según su tesis, Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable, consciente, voluntaria y continuada —entre 2020 y el fin de la actividad universitaria— la dedicación de dicha empleada pública a su actividad privada docente, profesional, mercantil y societaria". Considera que no fueron "actos aislados o de mera cortesía institucional", sino "una dedicación sistemática y continuada".

Malversación en el uso del software de la UCM

La acusación aprecia también que pudo haber otro delito de malversación en el "uso y desvío hacia la esfera privada del software, desarrollado con fondos públicos de la cátedra, mediante la utilización instrumental de marcas, dominio y sociedad mercantil", en este caso presuntamente con la "cooperación necesaria" de Cristina Álvarez.

Según el escrito, dicho software era de "patrimonio público", concebido en el seno de la cátedra y nutrido por aportaciones de patrocinadores, si bien señala que Gómez se excedió en sus "facultades de administración" de la plataforma y la "desvió", causando un "perjuicio patrimonial" a la Universidad.

Además, la acusación particular subraya que Gómez solicitó el registro de la marca "TSC Transformación Social Competitiva" el 4 de marzo de 2020, meses antes de la suscripción del convenio de creación de la cátedra.

En ese sentido, considera que en el proyecto "se hurtó del control de la UCM y quedó a disposición de Begoña Gómez, y se produjo finalmente la separación, extracción, o despojo de los caudales o efectos, apartándolos de su destino y desviándolos de las necesidades del servicio, para, ya sin control público, hacerlos de uso propio".

Hazte Oír reclama que declare Pedro Sánchez como testigo

Esta parte pide que declaren en el juicio un centenar de testigos, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto" de Gómez, y el actual del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cuyo testimonio ve "determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto" cuando Bolaños era secretario general de Presidencia.

Otros testigos que propone son el empresario Javier Hidalgo y Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo.