La decisión de la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) sanciona al ex secretario Bernardo Moreno a 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y a los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera a 20 años, María del Pilar Hurtado a 18 años y Andrés Peñate a 8 meses.

El procurador Alejandro Ordóñez señaló que el entonces secretario general de Uribe se "extralimitó en sus funciones", al realizar en abril de 2008 una reunión en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Esa cita tenía como fin que los funcionarios se enteraran de "información reservada" de un amigo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo Tribunal sostuvo varias disputas con Uribe.

Por ese hecho también resultó involucrado el entonces director de la Uiaf, Mario Aranguren, quien fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.

El espionaje a los amigos de la CSJ involucró además a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y a sus dos jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos.

El procurador señaló que al parecer Hurtado dio una "orden ilegal" a Lagos, para "realizar labores de seguimiento a algunos ciudadanos de relevancia nacional, abusando de su cargo, con clara extralimitación de las funciones legales asignadas al DAS".

La máxima sanción disciplinaria de 20 años en el caso de las escuchas, o "chuzadas" como se conocen en Colombia, fue para el ex director del DAS Noguera, quien ya había sido sancionado por sus supuestos apoyos a escuadrones paramilitares en la costa Caribe.

El ex director Andrés Peñate fue inhabilitado con 8 meses por no haber denunciado las irregularidades al interior del servicio de inteligencia durante los ocho años de Gobierno de Uribe.

Asimismo, Ordóñez decidió cerrar los casos contra el ex asesor y actual viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y el entonces secretario de prensa de Uribe, César Mauricio Velásquez.

En total, la Procuraduría "sancionó disciplinariamente a nueve servidores, ex servidores públicos del DAS, de la Uiaf y la Presidencia de la República por los hechos relacionados con la ilegalidad en procedimientos de interceptaciones y seguimientos realizados a diferentes personalidades".

También enviaron copias a la Fiscalía General de la Nación sobre algunos procesos por las presuntas irregularidades de la senadora Nancy Patricia Gutiérrez con Gustavo Sierra, ex funcionario del DAS, quien le entregó a la legisladora información privilegiada de ese organismo para la realización de un debate en el Congreso.

Ordóñez agregó que existe además un proceso pendiente en contra del actual director del DAS, Felipe Muñoz Gómez, "el cual se encuentra en indagación preliminar por posibles irregularidades en la eliminación de información en el servicio de inteligencia", que comprometía a los detectives y jefes de ese despacho.

El ministro colombiano del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, planteó a mediados del mes pasado la posibilidad de desclasificar los informes secretos del servicio de inteligencia, que espió a opositores y dirigentes de partidos, incluido a él mismo cuando era senador, durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).

El escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, que incluyó a periodistas, opositores, magistrados y a miembros de organismos de derechos humanos, algunos de ellos extranjeros, se destapó en 2008 por parte de la revista Semana.