En una entrevista con EFE se ha referido a la "antiquísima" ley de enjuiciamiento criminal y ha descrito estos procedimientos como "tests que se imponen al sentido común" ya que desde el juez de Instrucción hasta el Tribunal deben ir articulando soluciones a problemas prácticos "gordísimos" para su "buena llevanza".
El fiscal ha declarado que existen también problemas sobre si la tipificación de los delitos es lo suficientemente "abarcadora" y ha indicado que corresponde a la Fiscalía General del Estado efectuar las propuestas de reforma legislativa.
Por otro lado, ha expresado que en Europa existe la percepción de que todas las grandes redes de criminalidad organizada están relacionadas con España y en particular con la Costa del Sol por lo que la Fiscalía Anticorrupción de Málaga tiene "gran importancia" como receptora de peticiones de colaboración internacional.
Debido a ello -ha indicado durante la entrevista- se observa la necesidad de contar con los "medios necesarios" para que la respuesta hacia el extranjero sea "oportuna y seria".
A este respecto, ha demandado la creación de una oficina fiscal, dotada de personal propio y de técnicos con conocimientos en derecho administrativo y en materia tributaria en función de las necesidades de cada zona, que "no costaría nada" al poderse asignar a la fiscalía funcionarios de otras oficinas públicas.
López Caballero ha señalado que existen modelos a seguir en otros países con oficinas de investigación integradas en la fiscalía, como Alemania, Reino Unido e Italia y también Portugal, donde cuentan con una policía judiciaria que depende "orgánica y funcionalmente" de la fiscalía.
En cuanto al caso "Malaya", el fiscal ha manifestado que el hecho de que la acusación por parte de la fiscalía se haya formulado respecto de 95 personas es "suficientemente expresivo" de la importancia del procedimiento "en términos cuantitativos".
En este sentido ha destacado que se haya tenido que habilitar un espacio en la Audiencia Provincial de Málaga para poder albergar a las distintas defensas y a los distintos acusados durante el juicio.
Ha explicado que en este supuesto de "corrupción en el sector público" por parte de miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Marbella las penas solicitadas por la fiscalía van de dos a cinco años de prisión en delitos de cohecho y de tres a cinco años en el blanqueo de capitales.
En el caso de Juan Antonio Roca -ha precisado el fiscal- la pena conjunta que se le pide por todos los delitos es de treinta años de prisión.
Respecto al blanqueo López Caballero ha señalado "el descubrimiento de los modos de ocultación y la incautación del patrimonio blanqueado" como una de las "principales características" de esta operación en la que también aparecen delitos de malversación, fraude, prevaricación y contra la hacienda pública.
En cuanto a la responsabilidad, ha asegurado que no sólo recae en miembros de la corporación local elegidos democráticamente, sino también en personas que no ostentan cargos públicos ni son funcionarios administrativos que deciden sobre asuntos municipales lo que supone "la peculiaridad de un funcionamiento excepcional".