PSOE, PP y CiU reaniman la ley Sinde en el Senado con más garantías judiciales

La enmienda incluye además el compromiso del Gobierno de modificar, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, la modificación del canon digital de acuerdo con la jurisdicción de la Unión Europea.

La propuesta alcanzada, que se llevara a su aprobación en el pleno del Senado del próximo 9 de febrero fue acordada cuatro horas antes de que concluyera, esta medianoche, el plazo para la presentación de enmiendas a la Ley de Economía Sostenible, confirmaron a EFE fuentes socialistas y populares.

Tras el acuerdo, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha afirmado en rueda de prensa en la Cámara alta que la nueva legislación "garantiza absolutamente los derechos de todos".

"Los usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad" porque esta ley no les perseguirá, ha añadido la ministra, para quien el acuerdo "aumenta las garantías y la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual".

Por su parte, el portavoz de Cultura del PP, José María Lasalle, ha asegurado a EFE que el texto acordado confirma el planteamiento inicial de su partido de buscar "un equilibrio entre los derechos de la propiedad intelectual en la red y la propia libertad que debe presidir el funcionamiento de internet".

"No nos hemos movido de nuestro planteamiento inicial. Hemos señalado que cualquier regulación de la propiedad intelectual en la red, sobre el que hay un consenso unánime de las fuerzas políticas, debería pasar por una tutela judicial", ha subrayado Lasalle.

En la nueva redacción de la ley antidescargas, el juez interviene desde el primer momento del proceso que podría extenderse al menos diez días antes del cierre de una web.

La enmienda recoge, como el anterior texto, la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, para ejercer funciones de mediación y arbitraje y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

Se añade que todo requerimiento de cierre de una web "exigirá la previa autorización judicial", que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal.

Una vez obtenida la autorización, las páginas web "estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación".

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que "en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores" o realizar las alegaciones que considere oportunas.

Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.

En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes.

La falta de resolución en los plazos determinados "tendrá efectos desestimatorios de la solicitud", añade el texto.

Nada más conocerse el acuerdo, las reacciones de creadores e internautas no se han esperar, y el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, ha descalificado en su cuenta de Twitter el acuerdo alcanzado y afirma que "han pactado una ley que no convence a nadie".

Según el tuiteo que ha mantenido De la Iglesia con otros internautas el acuerdo con el PP "ha enfangado una cosa de por sí enfangada".

Tampoco el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, está satisfecho, y ha reconocido en declaraciones a EFE que el texto es "una decepción".

"Si realmente hay garantías judiciales no se entiende para qué necesitamos una comisión", ha aseverado Domingo, quien no comprende la creación de una enmienda que "no responde a intereses concretos, ni de los creadores ni de los internautas".