La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha confirmado la condena impuesta por el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, contra un guardia civil que el 7 de agosto de 2009 agredió a un joven en el aeropuerto de Palma por hablar en catalán cuando le solicitó su documentación, unos hechos por los que sobre el agente pesa una falta de lesiones. En concreto, el magistrado le condenó al pago de 1.200 euros de multa, unos 20 euros diarios durante dos meses.

En su sentencia, el tribunal desestima de esta forma el recurso de apelación que interpuso la defensa del guardia civil contra la resolución dictada en primera instancia, y rechaza los argumentos expuestos en el recurso que apelaban a la parcialidad del juez, al tiempo que hacían referencia a las contradicciones en las que a su juicio incurrió el denunciante en su declaración.

La sentencia devenida firme relataba cómo, tras pasar el control de pasajeros y después de que el denunciante, Iván Cortés, respondiera en catalán a las preguntas de los dos guardias civiles, le condujeron a un cuarto próximo, donde uno de los efectivos le sujetó violentamente y le propinó varios golpes, mientras le decía que le debía hablar "con más educación". Ante esto, Cortés le respondió que tenía "derecho" a hablar en su idioma.

La resolución, redactada en catalán, destacaba que el joven, respondió en castellano cuando así se lo solicitaron los agentes, y que en ningún momento opuso resistencia cuando le indicaron que les acompañase hasta la habitación donde ocurrieron los hechos. Como consecuencia de los golpes, Cortés sufrió lesiones que tardaron en curarle cuatro días.

En concreto, la acusación particular, ejercida por el letrado Josep de Luis en representación de Cortés, solicitaba una condena de dos meses de multa a cincuenta euros diarios para el guardia civil que le propinó los golpes, mientras que la Fiscalía pedía un mes de multa a razón de seis euros diarios. La defensa del agente reclamaba la absolución de su patrocinado así como del otro efectivo acusado, que finalmente no ha sido condenado.

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de marzo, Cortés aseguró que en ningún momento mostró un comportamiento negativo después de que los agentes le solicitasen su documentación como tampoco se negó a hablarles en castellano. "No faltaría el respeto a nadie y menos a una persona uniformada", llegó a aseverar el denunciante durante la vista.

A lo largo del juicio de faltas, que generó una gran expectación mediática y en el que estuvieron presentes numerosos miembros de la Obra Cultural Balear (OCB) en apoyo a Cortés, éste, asistido por una intérprete que traducía sus palabras al castellano, recordó cómo uno de los agentes le propinó "un golpe en la cara, en la barriga y en la boca", de donde comenzó "a sangrar". "Me di cuenta de que el haberles hablado en lengua catalana era lo que había causado el problema", apuntó la víctima de estos hechos.

LOS AGENTES HACÍAN LABORES DE IDENTIFICACIÓN TRAS EL ATENTADO

Sin embargo, los dos guardias civiles juzgados negaron estos hechos y, durante su declaración por videoconferencia, explicaron que mientras realizaban identificaciones debido a que hacía poco que se había producido el atentado de ETA en Palmanova y Cortés "respondía" al perfil que buscaban, el denunciante mostró una "falta total de colaboración con risas, gesticulaciones y miradas desafiantes". Al no entender lo que decía en catalán, uno de los agentes le dijo que esperase en la sala hasta que llegara un intérprete.

"Le dije que me acompañara y me hizo un gesto despectivo. Una vez en la sala, al intentar zafarse, le reduje por el cuello y el brazo hacia abajo mientras le decía que nos tratase con respeto y educación". En esta misma línea, el otro agente relató que Cortés "empezó a hacer aspavientos y comentarios de forma vacilante que no comprendía, mofándose y mostrando una actitud descortés".

Cabe señalar que la denuncia de Cortés contó con el respaldo de la OCB al considerarlo un nuevo y "gravísimo" caso de discriminación lingüística. De hecho, el coordinador de la entidad, Tomeu Martí, aseveró un mes después de estos hechos que no era la primera vez que esto ocurría y responsabilizó del incidente al delegado del Gobierno, Ramon Socías, por "su carencia de respuesta ante actos discriminatorios anteriores".