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“Con todo lo que yo he hecho por este país sin pedir nada a cambio y me están tocando los cojones por todo el tema del concierto, me están haciendo perder tiempo, ¡hostia! Agilizar esto un poco…llama a la consejera de Salud por todo el tema de los laboratorios, llama al Bargallo (sic)y llama al Chakir (El Homrani) por todo el tema de Villa Bugatti, que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela y tal…” Así, sin tapujo ninguno y con la excusa de la independencia de por medio reclamaba el empresario Xavier Vendrell que sus contactos en la Generalitat le agilizaran o le otorgaran directamente contratos públicos. Y no es el único. La investigación del caso Volhov ha puesto sobre la mesa la presunta manipulación de contratos públicos por parte de empresarios y políticos de la esfera independentista: un colegio, varias recalificaciones de terrenos, licencias de Vtc's y contratos sobre el Covid-19 que se manipulaban presuntamente para rendirse a las voluntades de unos y de otros. “Esto no se justifica ni harto de vino”, llega a decir uno de los asesores en las conversaciones que forman la causa.
Así, en el sumario del caso aparecen numerosos indicios de que contratos públicos fueron manipulados para favorecer la causa nacionalista y sobre todo, los bolsillos de estos supuestos patriotas. El salto que queda por dar en la investigación es determinar si esas presuntas corruptelas corresponden a voluntades personales o si parte del dinero se desviaba después a financiar movimientos supuestamente espontáneos como Tsunami Democrátic, algo que parece menos sustentado en los datos judiciales que se conocen por el momento.
Uno de los procesos investigados es la recalificación de 48.000 metros cuadrados de terreno en Cabrera de Mar incrementando su precio, según las investigaciones, de cinco a diez millones de euros. “Ello supone una flagrante irregularidad pues el propio Plan Urbanístico establece que el desarrollo ha de hacerse a través de la redacción de un Plan Parcial”, explìcan los informes judiciales sobre la imposibilidad material de abordar así el proyecto. “A pesar de no haberse tramitado y aprobado por la Comisión de Urbanismo la modificación puntual, se han ejecutado obras y movimientos de tierra absolutamente irregulares en Villa Bugatti pues no disponen de licencia y se vienen celebrando eventos incumpliendo reiteradamente las normas urbanísticas y sanitarias”, constatan las mismas fuentes. ”Aquí vendrá Torra a inaugurar. Que no vendrán de la Generalitat a pedirte explicaciones”. Llega a decir Vendrell sobre el asunto. ¿Y si cualquier vecino ejerce su derecho y protesta? ¿Si presenta alegaciones frente al ayuntamiento? “Se declara fuera de plazo y a tomar por culo”.
Además, Vendrell pretendía construir un centro de educación especial por medio de una fundaón, para la que consigue subvenciones por valor de 210.000 euros en tres años por parte de la Generalitat. “Esto no se justifica ni harto vino”, llega a decir uno de sus asesores según refleja el sumario del caso. “Es decir, que se estarían obteniendo fondos públicos de manera absolutamente irregular”, concluye el juez instructor. “Hacemos la vista gorda y para delante”, llega a decir según las mismas fuentes la encargada de los colegios privados en Cataluña ante el problema de que este tipo de colegios deben tener 8 alumnos por aula aunque Vendrell quería 12.
Recogida de residuos, laboratorios de biomecánica, pruebas de Covid, todo valía para hacer negocio con dinero público. En este apartado, Vendrell se alegraba de que Salvador Illa, también catalán, fuera nombrado ministro de Sanidad. “Han puesto mucho tiempo y dinero y llega la hora de recoger”, reflejan los informes judiciales.
“Se acredita igualmente la actividad de dirección y participación directa de Xavier Vendrell en las acciones que viene ejecutando Tsunami Democrátic con afirmaciones del tipo ya enviaré a gente para proteger Plaza Urquinaona o hemos montado un escenario en la autopista o que no se debían focalizar exclusivamente en Barcelona; así como en los actos que se produjeron durante el partido de fútbol celebrado el 18.12.2019 en el Camp Nou. Por todo ello se alcanza la presunción de que Vendrell no sólo participa en el movimiento de Tsunami, sino que da instrucciones de las acciones que se han de realizar”, reflejan las investigaciones sobre su presunta participación en las algaradas independentistas de aquellas fechas.
Otro de los empresarios investigados con fuertes conexiones con Puigdemont es David Madí, considerado la mano derecha de Artur Mas durante los años de planificación del desafío independentista y que tenía un especial interés por conseguir licencias VTC’s otorgadas por la Generalitat. “Pese a que finalmente no pudo ser fructificado, de ese interés se desprende un importante tráfico de influencias por parte de David Madí con altos responsables del departamento de Territorio como el consejero Damià Calvet”. Pero no es el único. Además Madí quería entrar en el negocio de las residencias de ancianos. “Ese tráfico de influencias es lo que ha motivado que David Madí haya contratado a Joan Puigcercos y Cinta Pascual pues es consciente de que le abrirán los consistorios gobernados por ERC y las residencias”, explica el juez instructor en otro de sus autos. Además, el juez investiga también contratos protagonizados por Madí sobre la pandemia del Covid-19.
En el sumario del caso, aparece una conversación en la que el propio Madí explica a terceras personas cómo se están organizando las movilizaciones, protestas y algaradas propiciadas por Tsunami: “De modo que habla de tres plataformas. Picnic, que es clandestino y que cuando hay una acción, van transmitiendo, ir allí o ir allí. Tsunami del que explica que es la cosa grande mientras Picnic es la operativa sobre la cosa concreta y hacen ver que son diferentes. Y finalmente, Anonymus, que es quien se encarga de la vigilancia”.
Por otro lado, la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelon investigan también los negocios públicos de las empresas de Oriol Soler, que según la investigación del caso recibieron en cuatro años tres millones de euros “derivados de contratos públicos y subvenciones”. “Respecto a las subvenciones obtenidas, se observa que por regla general se emplea la concurrencia no competitiva a la hora de ser otorgadas por el ente público, método que evita, nuevamente, la competencia entre distintas entidades para obtener la subvención. Al igual que ocurriera con el fraude de subvenciones para los cursos de formación ocurrido en Andalucía o las subvenciones concedidas a Catmon, Igman o la Plataforma en las que se usó este método de concesión, con el mismo se impide la transparencia de los procedimientos y no se garantiza la igualdad de oportunidades entre las entidades que quisiesen concurrir”, concluyen los informes de la Guardia Civil.