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El líder del PP, Pablo Casado, ha condicionado este lunes su apoyo al estado de alarma a que no dure más de ocho semanas y a que se apruebe "de una vez" un marco legal con una modificación de la ley 3/86 que podría estar listo ya en diciembre. En la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha inaugurado el Rey, Casado ha planteado limitar el plazo de aplicación de esta medida excepcional que, a su juicio, "no puede superar en ningún caso las ocho semanas". Salvar la Navidad es uno de los argumentos defendidos por Casado.
"La posición del PP es que para recabar el apoyo mayoritario de las Cortes, que refleje una unidad, necesitamos dos cuestiones. Limitar el plazo de aplicación de esta excepción. No puede superar en ningún caso las ocho semanas. Vamos a dar un margen para intentar llegar a un acuerdo. Pedimos que se pueda limitar la movilidad en los tres principales puentes que vienen. En el campo económico, queremos salvar la campaña navideña. Y si se permite, queremos dar tranquilidad a los españoles, sobre todo los mayores, que ven que no pueden ver a los suyos hasta el 9 de mayo", ha señalado Casado.
El líder del PP ha señalado cuatro puntos para defender su postura. Primero, hay que recordar que es la constatación de un gran fracaso. Se dijo en julio que se había derrotado al virus. Segundo, la responsabilidad en materia de pandemias es del Gobierno. Casado no considera muy adecuado decir que las autoridades competentes son las comunidades. Casado ha criticado que el Gobierno se parapete en las comunidades para que haya 17 respuestas distintas a un virus y le pone como ejemplo a Merkel, que en una reunión de diez horas sacó un documento consensuado con los lander. Tercero, Casado cree que la alarma es una excepcionalidad constitucional. Tasada en tiempo y alcance. No para seis meses. "Nos preocupa que siempre tiene que estar sujeta a un control parlamentario. No puede sustituir por la comparecencia semanal de un ministro en una comisión. Su cuarta consideración es que hay aspectos que podrían ir contra la Constitución, y se puede ver como una agresión a la separación de poderes al no haber control jurisdiccional. Y quinto, según Casado, "contraviene las recomendaciones de la Comisión Europea, la última firmada por el presidente en mayo".
Sánchez quiere aplicar el estado de alarma por un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo, y concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus territorios, lo que permitirá a las autonomías confinar total o parcialmente.
Sánchez ha pedido a todos los grupos apoyo a "una medida tan extraordinaria pero tan necesaria para contener esta segunda ola". En especial ha solicitado el apoyo del primer partido de la oposición y ha recalcado que esto es una "cuestión de estado". "Los partidos políticos que se califican de Estado deben pensar seriamente en apoyar esta medida tan extraordinaria", dijo en su comparecencia este domingo en Moncloa.
Algunos partidos ya han empezado a posicionarse. Así, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha calificado de "excesivo" prorrogar el estado de alarma por seis meses y pedirá al Gobierno un plazo "mucho menor". Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, considera "procedente" seis meses de estado de alarma si el Gobierno acude "con frecuencia" al Congreso "a dar explicaciones y a escuchar lo que digan los diputados".
Desde Vox, su presidente Santiago Abascal ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Consejo de Ministros y ha defendido que el toque de queda impuesto en toda España es "ilegal.
La ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, se ha mostrado firme en la voluntad del Ejecutivo central de establecer en seis meses la prórroga del estado de alarma ante la exigencia del líder del PP, Pablo Casado, de que dure tan solo ocho semanas. "Hago un llamamiento a que el PP no ponga condiciones", ha pedido Darias a Casado durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes. El líder de los 'populares' ha supeditado su apoyo a este decreto del estado de alarma a que tan sólo dure ocho semanas y se reforme la Ley del 86.
En esta intervención, la ministra de Política Territorial ha subrayado las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que el Gobierno trasladará al Congreso la necesidad de que el estado de alarma dure seis meses porque, según ha defendido, es el tiempo que recomiendan los expertos y va en línea de las decisiones del resto de países europeos para controlar la pandemia. Eso sí, según ha explicado la ministra, se trata una propuesta con una duración máxima, pero dependerá de la evolución de la pandemia si se levanta antes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha traslado también este lunes a los presidentes autonómicos que no va renunciar a pedir el total de 140.000 millones de euros que le corresponden a España de los fondos europeos Next Generation, aunque se ha reafirmado en que primero van a priorizar la obtención de los 72.000 millones en transferencias en los tres próximos años.
Por tanto, ha recalcado que el hecho de que el Gobierno haya decidido centrarse "en la obtención primero de 72.000 millones en transferencias en los primeros tres años, de 2021 y 2023", no significa que vayan a "renunciar" al resto de los 140.000 millones. "Todo lo contrario", ha afirmado.
De este modo, Sánchez ha reafirmado que el plan es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, con la intención de ejecutar el 70% en los dos primeros años, e ir analizando las necesidades crediticias para dar paso en la segunda parte (2023-2026) a la solicitud de créditos con el montante restante (unos 58.700 millones en créditos).
Por otra parte, Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos que serán sus gobiernos autonómicos los encargados de ejecutar directamente más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación que se sufragará con los fondos europeos, mediante Convenios Marco entre los Ministerios implicados y las Comunidades Autónomas.
Es el caso, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente, cuyas competencias recaen en las comunidades autónomas y, por lo tanto, deben ser ellas las encargadas de desarrollar los proyectos, según el Gobierno. "Son los territorios los que van a dar vida a estos proyectos. Y para ello, ya estamos en marcha. España ya ha presentado el borrador de un gran plan de recuperación, y hoy hemos comprobado que nuestras comunidades autónomas también están en marcha. Esta es la mejor noticia que le podemos ofrecer a la ciudadanía en tiempos tan complicados", ha destacado.