{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El juez instructor del 'caso Dina', Manuel García Castellón, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación contra él en redes sociales y en algunos medios de comunicación.
El magistrado alega que sufre una situación de indefensión y de descrédito profesional con esta campaña iniciada después de que haya pedido al Tribunal Supremo que decida si procede investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por varios delitos en el marco del caso sobre el presunto robo del móvil a la exasesora de Podemos, Dina Bouselham.
En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia una campaña pública que se ha iniciado contra su persona en medios de comunicación y en redes sociales desde que se hizo pública hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo.
En la misma somete a consideración del alto tribunal la investigación de dos aforados, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria María Elizo, así como de otras cuatro personas.
En su escrito, García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".
El magistrado indica que los mensajes contra su persona son "repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes", "entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".
El magistrado adjunta la denuncia que en el día de ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que podrían revestir carácter de infracción penal.
Por último, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida".
El escrito incluye un extracto de los mensajes publicados que han motivado su denuncia, y en algunos se puede leer que le llaman 'facha', prevaricador, corrupto o mafioso. En otro de ellos se sugiere que está sobornado por el líder del PP.