Aunque la alcaldesa valenciana insiste en desmarcarse de los negocios de Iñaki Urdangarín, lo cierto es que Anticorrupción no la cree. Ni a ella, ni a Francisco Camps. Muy al contrario, la Fiscalía, a día de hoy, considera que existen suficientes indicios de que ambos supuestamente pudieron cometer un delito de prevaricación cuando a partir de 2004 comenzaron a contratar los peculiares servicios de Iñaki Urdangarín y su Instituto Noos.
Fuentes de la Investigación han asegurado a Informativos Telecinco que el plan del magistrado es terminar la instrucción del caso en los próximos dos meses. Será entonces cuando, a instancias de la Fiscalía, el juez remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Valencia toda la investigación practicada respecto a esa comunidad. En concreto, los desmesurados costes pagados al Instituto Noos por la celebración entre 2004 y 2006 de tres congresos denominados Valencia Summit, por los que la Generalitat pagó 3,3 millones de euros.
Juez y fiscal consideran que Iñaki Urdangarín y Diego Torres jamás habrían podido obtener cuatro millones de euros de la Comunidad y el Ayuntamiento valenciano por esas cuatro operaciones sin el visto bueno de su ex presidente y de su actual alcaldesa.
Concretamente, Nóos percibió unos 3,2 millones de euros de Valencia Turismo Convention Bureau y de Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), organismos dependientes respectivamente del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat, por organizar los Valencia Summit, mientras que la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat abonó a su vez 382.000 euros en 2005 al Instituto Noos por un contrato de dos años, que, en teoría, tenía por objeto la preparación de unos Juegos Europeos en Valencia que finalmente no se realizaron.
Esto supondrá, si las cosas siguen su curso actual, que Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres serán juzgados en dos ocasiones. Primero en Baleares, junto entre otros, al ex presidente de esa comunidad, Jaume Matas y seguidamente en Valencia, junto, también en entre otros, Francisco Camps y Rita Barberá.
También el vicealcalde
En ese banquillo, según hemos podido saber, también se podría sentar Alfonso Grau, actual vicealcalde y mano derecha de Rita Barberá. La Fiscalía Anticorrupción se está planteando cambiar su actual situación de testigo a imputado.
Los que ya cuentan con plaza fija en el banquillo para ese eventual juicio son Luis Lobón, ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, y ex director general de Grandes Proyectos en 2004, Jorge Vela, ex director general CACSA, ex director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y ex director general de Economía., quien además es hermano del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela y José Manuel Aguilar, ex director CACSA entre junio de 2003 y enero de 2005.
Pons y el Conde de Fontao
Y eso no es todo, Según hemos podido saber, el juez José Castro tiene intención de interrogar en los próximos días en Madrid tanto a al asesor legal del Rey, José Manuel Romero, conde de Fontao, como al dirigente del PP Esteban González Pons, tal y como ya le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción.
Los dos finalmente declararán como testigos. Al conde de Fontao le preguntarán si realmente recomendó a Iñaki Urdangarín que dejara sus negocios o simplemente le sugirió que su nombre no apareciera en ellos. A González Pons le preguntarán por qué en su etapa en el Gobierno valenciano en 2005, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat entregó al Instituto Noos 382.000 euros para un proyecto fallido en el que, además, los gastos se justificaron con facturas aparentemente falsas.
Juez y fiscal también interrogarán esas mismas fechas a algunos de los personajes claves en el supuesta evasión de fondos a paraísos fiscales por parte de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, como son los titulares de las cuentas corrientes ubicadas en Suiza empleadas para cobrar pagos y comisiones.
¿La Infanta?
Una de las grandes dudas que arroja el caso es conocer si la Infanta Cristina finalmente será citada a declarar. Hasta el momento, la idea generalizada era que en el sumario no habían aparecido indicios de suficiente entidad que obligaran a la esposa del duque de Palma a tener bajar la rampa que conduce a los Juzgados de Palma. Es más, esa negativa se sustentaba en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exime a un cónyuge de tener que declarar contra su pareja. El reciente testimonio de Diego Torres implicando a la Infanta en algunas de las decisiones llevadas a cabo dentro del Instituto Noos han hecho tambalear lo que antes era un sólido muro. Para la Fiscalía Anticorrupción no han cambiado las cosas. Siguen considerando que el testimonio de la Infanta no aportará nada a la causa. Sin embargo, desde una de las acusaciones, el pseudo sindicato Manos Limpias, se insiste en mantener viva una vía que finalmente podría calar en la persona que tiene la última palabra: el juez José Castro.