No solo son los últimos audios publicados por Moncloa.com y los detalles de las reuniones destapados por El Confidencial. El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha librado una providencia en la que da quince días a la unidad investigadora para elaborar un informe sobre las relaciones entre el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, el ex jefe policial Enrique García Castaño y el empresario Clemente Marcet, al que ambos se referían como 'Scorpy', así como las implicaciones que pudiera tener sobre la seguridad nacional o materias clasificadas.
El documento, adelantado por Vozpopuli y al que ha tenido acceso Europa Press, tiene su origen en una batería de diligencias instada al juzgado por Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso Villarejo, al hilo de una serie de audios difundidos en medios de comunicación que relacionaban a este empresario con el excomisario cuando estaba siendo investigado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
En concreto, en un audio de 2005 que recogía Podemos en aquel escrito, García Castaño daba a entender a Villarejo que Garzón le había comunicado su intención de levantar el secreto de sumario en la investigación de Clemente Marcet, reclamado en varios países por delitos relacionados con el narcotráfico, antes de dejar su puesto en el juzgado. Ese material obra en la causa, pues fue intervenido al excomisario tras su detención en 2017.
Podemos pedía por ello que se recabasen del Decanato de la Audiencia Nacional tanto las diligencias previas que instruyó Garzón sobre Clemente Marcet como cualquier otro procedimiento judicial que hubiera tenido en estos juzgados, ya fuese una extradición, una orden europea de entrega o unas diligencias en la que hubiera estado involucrado, ante la sospecha de que pudo producirse un delito de blanqueo y vaciamiento patrimonial orquestada por él junto a los dos mandos policiales.
Tras atender al escrito de Podemos, registrado el 28 de febrero, y dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción, el juez, para quien podría tratarse de "un delito de blanqueo de capitales" pide a la unidad que investiga los archivos de Villarejo que "en el término de quince días anticipe el informe que le ha sido requerido" sobre los dispositivos donde el excomisario almacenaba la información y los audios que implican a Clemente Marcet.
Solicita además que "informe si el contenido de aquellos puede afectar a información legalmente clasificada o al secreto que se tiene ordenado en otros piezas que se siguen en este procedimiento", dado que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya impuso que sobre el material obrante en la causa se realizasen expurgos para evitar la puesta a disposición de las partes de contenidos que pudieran afectar a la seguridad nacional o a secretos oficiales.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el objeto del informe será además enmarcar este caso en la causa, dado que se desconoce si el presunto delito de blanqueo que se denuncia y los posibles implicados podrían encajar en alguna de las piezas separadas de investigación que ya están abiertas o, por el contrario, motivaría la apertura de una línea nueva.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, considera "más que claro" que hubo "policía política" en el Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz para desprestigiar a los adversarios políticos y ha exigido depurar responsabilidades.
Así lo ha señalado Esteban antes de acudir a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso al ser preguntado sobre las últimas informaciones sobre la presunta 'guerra sucia' del Ministerio del Interior que ahora ha vuelto a la actualidad al abrirse una investigación judicial tras reconocer el excomisario José Manuel Villarejo que participó en labores de espionaje contra Podemos.
"Que ha habido una policía política me parece más que claro, que ha estado vinculada a las cloacas del Estado, también", ha manifestado el nacionalista vasco, quien cree que el Congreso debería depurar responsabilidades políticas para que estas prácticas no se vuelvan a repetir y quien ha denunciado que "muchas veces mande más la Guardia Civil y la Policía que el propio ministro".
El Congreso ya investigó las denuncias sobre la llamada 'policía patriótica' para desprestigiar al independentismo catalán y, pese al voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, sentenció que, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, el Ministerio del Interior hizo un uso partidista del Ministerio para investigar y, en su caso perseguir, a adversarios políticos.
La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista del partido para las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha evitado este miércoles opinar sobre las actividades para desprestigiar a Podemos llevadas a cabo supuestamente por policías en la etapa del PP al frente de Interior y se ha limitado a demandar que se deje "actuar a la Justicia".
"No he oído nada de lo que usted me está diciendo", ha comentado en el Congreso, cuando se le ha preguntado por las últimas noticias sobre este asunto, en las que se recogen grabaciones a policías presentándose en nombre del Gobierno del PP para ayudar a un exdirigente chavista a cambio de documentos contra Podemos.
Alegando que desconocía lo que se le estaba preguntando, la dirigente 'popular' se ha afanado en pedir que se deje actuar a los tribunales. "España es un gran país, una gran democracia avanzada y moderna, un país serio, moderno, con un Estado de Derecho y una justicia independiente. Dejemos que actúe", ha remarcando.
El Congreso ya investigó las denuncias sobre la llamada "policía patriótica" para desprestigiar al independentismo catalán y, pese al voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, sentenció que, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, el Ministerio del Interior hizo un uso partidista del Ministerio para investigar y, en su caso perseguir, a adversarios políticos.