A contra reloj, antes de la disolución de las Cortes, el Gobierno de Pedro Sánchez ultima un real-decreto para limitar el precio de los alquileres “¿Dará tiempo a aprobarlo antes de que acabe la legislatura? Eso esperamos, pero no tenemos todavía el texto consensuado”, ha admitido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Ejecutivo trabaja con el PNV y PDeCAT para asegurar la convalidación del texto que tienen prácticamente cerrado con Podemos. Incluirá mejoras en los desahucios y un índice de precios que se elaborará -en un máximo de ocho meses- a través de los datos de la Agencia Tributaria y del catastro. Se abre así la puerta para que sean las Comunidades Autónomas las que limiten los precios de los alquileres. También se plantean bonificaciones a los alquileres que se sitúen por debajo del precio medio de la zona.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se defiende cuando le preguntan por la prisa del Gobierno para aprobar éste y otros reales-decretos: "Cada vez que hablamos de reales-decretos, hablamos de mayoría parlamentaria y no tanto de Gobierno, porque la convalidación la hace el Congreso, a través del Pleno en periodo ordinario y de la Diputación Permanente cuando éstas están disueltas". La intención del Gobierno es aprobarlo en el Consejo de Ministros de este viernes.
Entre las medidas se incluirían aprobar bonificaciones de hasta el 80% en el IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta sea inferior a la determinada por el índice de precios de los contratos de vivienda en alquiler que también quiere poner en marcha.
Además de la bonificación del 80% del IBI, el borrador retoma la posibilidad de que los ayuntamientos puedan bonificar mediante ordenanza fiscal hasta el 95% de este impuesto para inmuebles con renta limitada por una norma jurídica.
El texto recoge la creación de un sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda, al que se vinculan determinados estímulos de la política fiscal, y también se establece la posibilidad de creación de sistemas de índices de referencia autonómicos a los efectos de diseñar las políticas y programas públicos en materia de vivienda en los respectivos ámbitos territoriales.
Asimismo, establece un plazo de ocho meses para que la Administración General del Estado elabore este sistema, "a través de un procedimiento sujeto a los principios de transparencia y publicidad".
El texto mantiene el requisito que recogía el anterior Real Decreto tumbado por el Congreso en enero por el que se establecía en cinco años el periodo de prórroga obligatoria, salvo en caso de que el arrendador sea persona jurídica, en el que el plazo será de siete años. Esta medida "responde así a las diferencias que tanto desde el punto de vista del tratamiento fiscal como de la realidad y características de la relación arrendaticia y del desarrollo de la actividad pueden existir en la práctica".
En cuanto a la prórroga tácita, establece que, llegada la fecha del vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas y una vez haya transcurrido el periodo de prórroga obligatorio, si no existe comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no renovarlo, se prorrogará anualmente el contrato durante tres años más.
También recoge la limitación a dos mensualidades de la renta de alquiler la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario y salvo que se trate de contratos de larga duración.
Por otro lado, vuelve a establecer que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato serán a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica y exceptuando los casos en los que el servicio haya sido contratado por iniciativa directa del arrendatario.
Cuando no hay pacto entre las partes para la actualización anual de la renta, el real decreto recoge que el incremento producido como consecuencia de la actualización no podrá exceder la variación del último IPC publicado en la fecha de revisión, si bien el Gobierno renuncia a introducir límites a los precios. Respecto a los inmuebles turísticos, establece una modificación técnica en la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), suprimiendo la limitación de que estas deban ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.
También mantiene, al igual que en el anterior real decreto, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se requiera el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda turística, "siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%". "Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos", apunta el real decreto.
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