El Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declara hoy ante la jueza que investiga la celebración de los actos del 8 de marzo. Franco está acusado de un presunto delito de prevaricación al permitir manifestaciones como la del Día de la Mujer cuando ya había casos de coronavirus.
La magistrada Rodríguez Medel ha mantenido la declaración de José Manuel Franco a pesar de los recursos de la Abogacía y la Fiscalía que pedían anular la causa. Es la guerra de los escritos sobre si había o no conocimiento para impedir la celebración del 8M y sobre las consecuencias reales de que se celebrase.
Según el forense de los juzgados de Plaza Castilla, la “hecatombe se veía venir” desde semanas antes. Lo dice en su informe ampliado, a petición de la juez, que concluye, al igual que el informe de la Guardia Civil, que el Gobierno conocía de antemano los riesgos.
Y esta vez señala también al ministro Salvador Illa y al doctor Fernando Simón. “Todos hubiéramos querido evitar todos los casos y fallecidos que hemos tenido, por supuesto que hubiéramos querido, pero la toma de decisiones se tiene que hacer en base a la información disponible, en base a una evidencia mínimamente sólida”, ha asegurado el responsable del Centro de Alertas Sanitarias.
Y la principal evidencia en la que se basa el forense es un documento de la Agencia de Salud Europea del 2 de marzo advirtiendo del peligro de celebrar eventos masivos, pero la Abogacía del Estado sostiene que ese documento se refiere a escenarios en los que no se encontraba España, y en su recurso, califica de "literatura" los informes de la policía judicial, al tiempo que acusa a la juez de lo que llama una "búsqueda voraz" de delitos.
Pero las peticiones de archivar la causa de Abogacía y Fiscalía han sido desestimadas por la juez, que tomará declaración al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco hoy mismo.