De cara al siguiente y esperado escenario, el de la inmunidad, surge con fuerza el debate sobre la necesidad de un certificado de vacunación que pueda permitir reflotar cuanto antes las economías de los países afectados. España lo está negociando dentro del marco europeo mientras se debate su encaje legal y posible discriminación.
El debate sobre un pasaporte de vacunación contra el coronavirus, con el que pasar a una nueva normalidad de desplazamientos y de recuperación económica con el ocio y turismo colectivo está sobre la mesa de la Unión Europea.
Así lo avanzaba hace tan solo unos días el propio presidente del Consejo Europeo que pide no caer en la precipitación mientras propone soluciones híbridas para poder viajar en verano: los vacunados con un certificado de inmunidad y los que no con las pruebas PCR como hasta ahora. Certificados que no son nuevos en algunos países en otros continentes desde antes de la pandemia con otras enfermedades.
En Reino Unido, su ministro encargado descarta este domingo introducir el pasaporte de inmunización contra el covid. Primero, dice, porque desconocen todavía el impacto de las dosis en la transmisión del virus y, segundo, porque sería discriminatorio. Así lo respalda también un informe de la Universidad de Exeter.
Con división de opiniones en España. Para unos juristas vulneraría derechos fundamentales mientras que para otros podría tener encaje legal dentro de las políticas actuales de salud pública, como las que ya permiten la presentación de tests negativos para poder viajar.
El principal error, advierten, es querer aplicar un enfoque individual a un problema colectivo. De momento, ya hay dos países de la Unión Europea, Polonia y Estonia, que utilizan un certificado digital de vacunación. Un tercero, Dinamarca espera poder tenerlo antes de tres meses.