La postura del actual gobierno es claro: no va a regularizar la venta de sexo, como podría significar la autorización de una organización sindical. “Me han colado un gol por la escuadra”, afirmaba el pasado jueves 30 de agosto la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sobre la aprobación de la creación de la Organización de Trabajadoras sexuales.
“No avalaremos un sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista”, continuaba. El ejecutivo, por lo tanto, es abolicionista. Esto significa que considera que la prostitución está ligada a la explotación sexual, a la trata de personas y a la violencia contra las mujeres en situación vulnerable.
En el otro lado del tablero se encuentran los que defienden que la prostitución debería estar regulada y permitida por ley. Los promotores del sindicato de trabajadoras sexuales, por ejemplo, consideran que “el trabajo sexual es trabajo” y que, por tanto “los trabajadores y trabajadoras sexuales deben tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador”.
Desde el colectivo, señalan que "el trabajo no es ilegal en sí, ya que si lo fuera, ¿por qué conceden licencias a los locales de alterne". Por ello, aseguran que seguirán luchando por sus derechos."No se puede coartar los derechos de todo un colectivo que actualmente carece del más mínimo derecho laboral. No hay contratos, con lo cual, no hay pagas dobles, no hay vacaciones, no hay bajas por enfermedad ni laborales y, por supuesto, no hay jubilación", ha afirmado la organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), Concha Borrell.
Parcialmente regulado
Se estima que en torno a 300.000 personas, sobre todo mujeres, ejercen la prostitución en España, donde esta actividad está parcialmente regulada. La trata de mujeres y el lucro organizado son delito. Aun así, al menos 30.000 son esclavas de las mafias, que las esconden en pisos y locales.
Las mujeres pueden ser multadas con entre 100 y 300 euros por exhibicionismo o incitar a cometer actos contra la libertad sexual, desde el 2015, cuando se aprobó la Ley Mordaza. Por su parte, los clientes también pueden ser sancionados y desde ese año, 550 hombres han tenido que pagar multas que van de 601 a 10.400 euros por buscar contactos en la calle.