La petición judicial de investigar a Iglesias introduce un riesgo de inestabilidad en el Gobierno

  • Sánchez muestra su apoyo al vicepresidente y confirma haber hablado con él tras la petición de investigación al Supremo

  • La decsisión del juez García-Castellón expone al ejecutivo a tensiones en distintos frentes

  • Iglesias: "Algunos poderes profundos quieren devolver España al pasado"

Dijo que le quitaba el sueño. Luego que no. Ahora igual de nuevo le vuelve a pasar. A Pedro Sánchez se le acaba de sumar un nuevo motivo para el desvelo por la presencia de Pablo Iglesias en su gabinete: la petición del juez García Castellón al Supremo para que se investigue al vicepresidente por el llamado caso Dina.

Anoche mismo, el presidente se vio obligado a reiterar su apoyo a su vicepresidente segundo, al tiempo que su respeto por las decisiones judiciales. Lo hizo en un corrillo de periodistas, al pie de la escalerilla del avión en el que se iba a Argelia, señal de que el asunto de aquí a un tiempo le va a perseguir allá donde vaya.

La iniciativa del juez, por sorpresa, sin contar con los fiscales y en línea contraria a la indicación de la Audiencia para que le devolviera a Iglesias la condición de perjudicado en la causa, arruinó, de primeras, un acto de esos que se montan para lucirse.

La noticia llegó cuando Sánchez estaba en una galaxia virtual de personalidades desvelando las claves de su Plan de Recuperación. La parafernalia y sus promesas –entre otras, 800.000 puestos de trabajo en los próximos años- quedaron sepultados por el eco de una supuesta imputación que todavía no existe.

Chafar el plan

Eso sí, la simple petición de investigación de Iglesias y la hipótesis de que pudiera llegar a estarlo bastaron para expulsar del foco el Plan Sánchez preparado con tanto mimo. Y para desviar la atención hacia un Pablo Iglesias que, casualmente, también tenía día de presumir del famoso programa de Recuperación, en la parte que le toca.

Iglesias lo presentaba en turno de tarde y lanzó un mensaje críptico - "Algunos poderes profundos quieren devolver a España al pasado-, pero no hizo ni una mención directa al asunto que le ha puesto en el disparadero. Una forma de evitar que García Castellón le chafara… el plan. Que, por cierto, se llama también de “resiliencia”, concepto que habla de la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Casualidad.

El caso es que la iniciativa del juez fue una mala noticia en un mal momento. Vino a alterar para el Gobierno el signo de la jornada y, es más, amenaza con generar turbulencias en casi todos los escenarios.

Para empezar en Moncloa, donde se alista en esa relación de cuestiones (lo del rey, el caso Bankia, la pelea por el IMV…) que generan incomodidad en la cohabitación del PSOE con Podemos.

Para seguir, en lo judicial, donde un vicepresidente pendiente de ser investigado por el Supremo rearma a un PP instalado en la idea de no aceptar ningún acuerdo para renovar la cúpula judicial en el que participe Podemos.

La petición de investigación a Iglesias llega, además, en la recta final de la negociación de presupuestos, donde Ciudadanos quiere participar en el acuerdo para "tratar de amortiguar la influencia de Unidas Podemos". Por todo, ahora por más.

Y luego está el factor ambiental. Cualquier político en el punto de mira de un juez –con más o menos fundamento - es un incordio para los suyos y un filón para el rival. Al Gobierno de coalición le esperan muchas sesiones de control, comparecencias, ruedas de prensa y actos públicos con Iglesias y su futuro judicial de por medio.

Este miércoles mismo, Pedro Sánchez estaba aún en su presentación virtual cuando Casado reclamaba ya la cabeza de Iglesias. García Castellón acababa de pedir la investigación.

Era el primer aviso de la que se avecina. A Casado le siguió enseguida el alcalde de Madrid, el popular, José Luis Rodríguez Almeida, en su caso reclamando al líder de Podemos cumplir con el punto G de los estatutos de su partido. En el que se imponía la renuncia al cargo en caso de ser “imputado, procesado o condenado”.

No es la situación en que se encuentra Iglesias. Que no está en ninguno de esos tres supuestos. Almeida desconoce, además, que Podemos en 2018 cambió su código ético y lo de imputado ya no aparece en un texto que ha quedado así: "El compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías".

Faltan por aparecer la hemeroteca, las acusaciones cruzadas de usar dobles varas de medir, los reproches sobre quién respeta o no la presunción de inocencia… Es solo el principio.

Unidas- Podemos ha emprendido su defensa con el cierre de filas en torno a Iglesias. “Mucha fuerza Pablo, no estás solo”, ha sido el mensaje del ministro Alberto Garzón. Y enfrentándose directamente al PP: “¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que las querellas que nos ponen a nosotros terminan archivadas. Las suyas terminan con sus militantes en la cárcel”, dijo la ministra Irene Montero en la Comisión en el Congreso a la portavoz popular Margarita Prohéns.

Este es el escenario que dejó atrás Pedro Sánchez antes de salir hacia Argelia de viaje oficial. El presidente admitió que ya ha hablado con Iglesias después de saberse lo de la investigación. Pero no dijo en qué términos, ni quiso a entrar a evaluar lo que puede suponer este episodio para la estabilidad del Gobierno y el futuro de la leislatura.