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“Efectivamente, vamos a prohibir e ilegalizar fundaciones que defienden la dictadura franquista, como la Fundación Francisco Franco, así que entiendo su preocupación”, le advertía Pedro Sánchez al líder de Vox, Santiago Abascal, este martes en la sesión de control. El presidente anunciaba, con cierta contundencia, que la nueva Ley de Memoria Democrática que el próximo martes irá a Consejo de Ministros pone al alcance su viejo propósito: declarar proscrita esa organización de inspiración franquista.
Pero ni va a ser pronto, hay que esperar a la tramitación de la ley que aún está en fase de borrador. Ni va ser fácil, es más que previsible que el texto definitivo se enfrente a un recurso de inconstitucionalidad. Incluso puede que ni sea posible.
Quienes saben de ello, de hecho, lo ponen en serias dudas. Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, advierte: “La ilegalización de una fundación por motivos ideológicos no soporta bien un juicio de constitucionalidad”.
Afirma que es una opinión extendida entre los expertos, avalada además por los hechos. “La jurisprudencia del Constitucional ha sido clara: en España, la libertad ideológica no está sometida a límites. A diferencia de Alemania, donde está ilegalizado el partido nazi o el negacionismo, España es una democracia que se llama abierta, constitucionalista. En la que el problema no son las asociaciones en sí, sino sus actividades”.
A expensas de lo que finalmente diga la Ley de Memoria, Vázquez ya advierte, por tanto, que su mera aprobación no va a suponer la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. “La propia ley tendrá que prever un procedimiento judicial para la ilegalización”, precisa. Con una complicación añadida, el delito de enaltecimiento del franquismo a día de hoy no está tipificado, y entiende él que sería de “dudosa viabilidad” hacerlo por aquello de que España es una democracia respetuosa con el pensamiento de cada uno. Si se quisiera convertir en delito, donde hay que hacerlo constar es en el Código Penal, y no en una Ley de Memoria como la que está a punto de aprobarse.
Todo son obstáculos, dado que, según vaticina este mismo experto, la ley va a ser “recurrida sí o sí al Constitucional”. Lo dice por Vox, que dispone de 54 diputados, cuatro por encima de los que necesita para poder llevar al TC un proyecto que no le gusta. Que, obviamente, no le gusta.
En otro tiempo, explica Víctor Vázquez, cuando el Partido Popular ocupaba todo el espacio de la derecha, aun con reparos podría haber mirado para otro lado. Pero los de Abascal da por hecho que no lo harán. La Fundación Francisco Franco, sin embargo, no podrá actuar contra la ley “en abstracto”, sino cuando se le aplique.
La de la ilegalización, como tal, parece improbable. Lo que sí parece más al alcance del Gobierno es privarle a la Francisco Franco de la vitola de Fundación. A eso apunta el borrador de la Ley de Memoria, adelantado por Infolibre, en el que se declaran “contrarias al interés general” la apología del franquismo o la incitación al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil o el franquismo. Dando por hecho que la Fundación Francisco Franco entra en estos parámetros, y dado que la Ley de Fundaciones entiende como “causa de extinción” de una fundación el que no persiga el interés general, la Francisco Franco se vería abocada a la extinción y, gracias a una modificación de la Ley de Derecho de Asociación, incluso a su disolución.
A este procedimiento en tres pasos se añade la determinación del Gobierno de cortar el grifo de dinero público a las entidades que hagan apología del franquismo. Un objetivo en este caso sí, sencillo. Como dice el profesor Vázquez “el Estado tiene que permitir todo, pero no tiene por qué financiar todo”.
Lo dijo la vicepresidenta Carmen Calvo: "Cuando entre en vigor (la nueva ley) no podrá haber fundaciones públicas o con dinero público que enaltezcan totalitarismos o figuras dictatoriales que son justo lo contrario del afianzamiento y profundización de la democracia”. Un adelanto de lo que está escrito ya, blanco sobre negro, en el borrador de la ley. En el que se niega cualquier tipo de “subvención, bonificación o ayuda” a las organizaciones y personas sancionadas en firme por “atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática”.
Los últimos datos del dinero que maneja la Fundación Francisco Franco son de 2015. En ese año, declaró unos ingresos de 172.977 euros, de los que 97.605 procedieron de las cuotas de sus asociados y afiliados y otros 75.372 euros de subvenciones, donaciones y otras partidas. Tenía entonces dos empleados y como dedicación declarada “difundir el conocimiento de Franco”, de su pensamiento y de sus obras durante su mandato.
Pilar Gutiérrez, presidenta del Movimiento por España, desgajado de la Francisco Franco, asegura, sin embargo, que la Fundación “nunca recibió subvenciones” y ellos ahora tampoco. “Solo recibió una cantidad hace años para la digitalización”, precisa enmendándose a sí misma. El anuncio de la nueva ley lo interpreta como un intento de “ilegalizarnos a todos los que no pensamos como ellos”.
“La persecución es brutal”, se queja, enfadada aún por otra mala noticia. “Facebook nos ha cerrado el canal. Dice que no cumple con su política de nosequé”. El canal se llamaba “Franco y su obra: la verdad”, lo tenían abierto desde 2011 y había llegado, según ella, a los 40.000 seguidores.
Pilar anticipa que no tiene "nada que decir" a los periodistas de Mediaset. Aun así lo hace amablemente. Pero es mal momento para preguntarle por la nueva ley con lo de Facebook tan reciente. Así que resume su opinión en un par de frases: “Van a por nosotros. Es un contubernio”.