PSOE, PP y CiU rechazan reformar la Ley de Amnistía para abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo

El PSOE, el PP y CiU han rechazado este martes que el Congreso tramite una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego (BNG) para reformar la Ley de Amnistía con el objetivo de que esta norma no pueda seguir esgrimiéndose como un impedimento para perseguir y juzgar los crímenes del franquismo e incluso sirva para reabrir causas ya archivadas en virtud de ese argumento, como la que intentó abrir el juez Baltasar Garzón.

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, que se encargó de defender la iniciativa, recordó que se acaban de cumplir 75 años del inicio de la Guerra Civil y se preguntó si después de más de 30 años de democracia es "lógico" que "siga existiendo reticencia a revisar las atrocidades que se cometieron durante la dictadura franquista".

Jorquera recalcó que la Ley de Amnistía fue aprobada en 1977 con el "objetivo fundamental" de ser aplicada a las personas que hubieran sido "perseguidas o condenadas por hechos considerados delictivos por las leyes del régimen franquista, cuando los mismos tuviesen como fin la defensa de la democracia y el fin de la dictadura", pero denunció que haya impuesto una interpretación "perversa" del texto que ha servido de coartada para defender que se 'amnistió' también a los responsables de los crímenes y violaciones de derechos fundamentales amparados por el régimen franquista.

Así, hizo hincapié en que Garzón está "sentado en el banquillo a instancias de organizaciones fascistas por querer investigar los crímenes del franquismo" y que la ONU ha amonestado varias veces a España por escudarse en esta norma para no investigar los crímenes de la dictadura. También explicó que su iniciativa no pretende "reabrir heridas", sino "cerrarlas" y recordó que a efectos prácticos no se podrá juzgar a los responsables de esos crímenes porque ya han fallecido, aunque todavía se puede "reparar a las víctimas".

El BNG mantiene que la interpretación que se hace de la Ley de Amnistía excluye la aplicación de la normativa internacional relativa a Derechos Humanos y "a los crímenes de lesa humanidad amparados por la dictadura franquista", lo que contradice abiertamente la evolución doctrinal plenamente consolidada, que propugna la aplicación universal de esa normativa, la imprescriptibilidad de esos crímenes y la exclusión de la aplicación del principio de irretroactividad de las normas penales en esta clase de crímenes.

Por todo ello, el BNG proponía añadir un nuevo artículo a la Ley de Amnistía que dejase claro que ésta "no será de aplicación a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad", que estos delitos no prescriben y que la norma se aplicará "retroactivamente a todas las resoluciones administrativas o judiciales que guarden relación con su objeto, pudiendo revisarse o reiniciarse al amparo de lo dispuesto en el mismo".

"¿Y A QUIÉN JUZGAMOS?"

Durante el debate se escucharon críticas a la Transición que, según el portavoz de ERC, Joan Ridao, no fue un proceso "modélico" en materia de memoria histórica porque contribuyó a que "los fascistas se disfrazaron de demócratas y los verdugos quedaran absueltos". Desde el PNV, Aitor Esteban, señaló que la propia Constitución exige respeto a los tratados internacionales por lo que, a su juicio, no sería necesario cambiar la Ley de Amnistía para perseguir los crímenes franquistas, un argumento en el que incidió también Xuclà.

Esteban también se preguntó a quién se podría juzgar en virtud de los argumentos de Jorquera teniendo en cuenta que el franquismo cometió sus mayores crímenes durante y en los años inmediatamente después de la guerra. "Como no estemos pensando en un senador que era el 'junior' del gobierno en los estertores del franquismo", apuntó en velada alusión a Manuel Fraga, tras anunciar la abstención de su grupo.

El 'popular' Jorge Fernández, rebatió los argumentos del BNG incidiendo en que varias sentencias han avalado la Ley de Amnistía que, según remarcó, fue aprobada por una Cámara "plenamente democrática" y es una "pieza clave" de la Transición. También negó que fuera una norma "de punto final" como habían señalado Jorquera y el portavoz de ERC, Joan Ridao, a los que también replicó que Garzón no se va a sentar en el banquillo por intentar juzgar el franquismo sino por un delito de prevaricación.

En este contexto, reprodujo parte de la intervención del comunista Marcelino Camacho en el debate de aprobación de la Ley de Amnistía del 14 de octubre de 1977 cuando defendió que para lograr la reconciliación era necesario "borrar" el "pasado de una vez para siempre" y proclamó que el PCE había "enterrado" a sus "muertos y sus "rencores". A continuación, reprocho a ERC y al BNG que ahora pretendan "echar muertos y rencores encima cuestionando la base del sistema democrático".

ALIANZA POPULAR SE QUEDÓ AL MARGEN

Asimismo, el socialista catalán Jordi Pedret recordó las palabras pronunciadas en aquel debate por Camacho y otros portavoces como Xabier Arzalluz (PNV) y Rafael Arias Salgado (UCD), asumiendo el concepto de Amnistía, pero también recordó que Antonio Carro, de Alianza Popular, se situó "al margen de la norma".

Tras rechazar "modificar una ley para evitar determinadas interpretaciones", Pedret argumentó que el cambio propuesto por el BNG resulta "innecesario" porque plantean cosas que ya se recogen en la Constitución --como que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español--, vez obvian que la Convención de Viena prohíbe la retroactividad en la aplicación de los tratados y olvidan que las leyes penales no puede aplicarse con carácter retroactivo.

Desde el punto de vista político, tildó de "inoportuna" la discusión sobre la Ley de Amnistía y elogió la "grandeza" del debate que precedió a su aprobación y recordó que fue fruto de una "reivindicación unánime de la sociedad española".

Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Xuclà, defendió esta norma como "una de las piezas del pacto de la Transición" que ha "permitido hacer aportaciones positivas" como la propia Constitución y la declaración de ilegitimidad de las sentencias políticas de la dictadura incluida en la Ley de Memoria Histórica.