A las 12 de la mañana, en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, para tratar de acercar posturas. La cita llega el mismo día que comienzan las nuevas restricciones de movilidad para 850.000 madrileños, aquellos que viven en los barrios y pueblos más afectados por el coronavirus y también los más pobres.
Ambos dirigentes se reúnen con un único objetivo: frenar el avance de la pandemia en la capital. Insiste la presidenta regional en la necesidad de contar con el respaldo del gobierno central para garantizar las medidas de contención.
En el mayor confinamiento desde el Estado de Alarma, 850.000 ciudadanos de 37 zonas de la Comunidad de Madrid no podrán salir de sus barrios salvo para ir a trabajar, al médico, a llevar a los niños al colegio o ir a cuidar a personas mayores o dependientes. Quienes incumplan este confinamiento podrán ser multados con entre 600 y 600.000 euros. Para garantizar que los madrileños cumplen las restricciones 200 policías vigilarán en 60 puntos aleatorios.
La Comunidad de Madrid va a realizar un millón de test esta semana en las 37 zonas básicas de salud en las que se ha restringido la movilidad. En este punto, Ayuso solicitará al presidente del Gobierno la colaboración de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para montar el dispositivo de estos test. La presidenta regional manifestó el pasado viernes que la Comunidad necesita "la fuerza del Estado" y las herramientas que ellos no tienen como Gobierno autonómico, sobre todo en materia de seguridad ciudadana.
El Gobierno central había manifestado su "preocupación" por la situación en Madrid, y había asegurado estar "vigilantes", pero defendiendo, eso sí, que la obligación de tomar las decisiones le corresponde a la Comunidad de Madrid, al ser los Gobiernos autonómicos los que asumieron la responsabilidad y las competencias para gestionar la pandemia desde que se levantó el estado de alarma y, con él, el mando único del Ministerio de Sanidad.
El Gobierno madrileño, que ahora reclama una mayor implicación del Ejecutivo central en la lucha contra la pandemia, fue uno de los más críticos con la decisión del Ejecutivo de mantener hasta casi el mes de julio las restricciones a la movilidad del estado de alarma. En Madrid tardaron más en levantarse esas medidas que en otros territorios, por la mayor incidencia del virus en la Comunidad en comparación con otras.