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La independencia siempre fue “una quimera”; una “una mera ensoñación”; un “artificio engañoso”. Es la conclusión del Tribunal Supremo en la histórica sentencia del procés, en la que señala que los líderes catalanes condenados sabían en todo momento que la pretendida república catalana era inviable, pero siguieron adelante en un “señuelo” para mantener movilizados a los ciudadanos. Los 56 segundos que duró la independencia, esto es, el tiempo que pasó desde que Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, declaró la independencia hasta que anunció que la suspendía, es una prueba clave de ello; de que eran conscientes de la situación, que aunque terminó de dinamitar tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, llevaba cocinándose a fuego lento mucho tiempo siguiendo una hoja de ruta perfectamente delimitada.
El Tribunal, de hecho, acusa al Gobierno de Carles Puigdemont de “engañar” a sus “ilusionados ciudadanos”, recalcando que lo único que pretendían los líderes independentistas era presionar al Gobierno. Esa supuesta mentira, –prometer una independencia conocedores de que estaba fuera de su alcance–, es la que curiosamente libra a los acusados del delito de rebelión. La violencia registrada en las jornadas del 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, dice la sentencia, “no puede calificarse como funcional, preordenada o instrumental”. Esto es, esa violencia no iba encaminada a conseguir una república porque esa posibilidad, la de lograr la autodeterminación, nunca estuvo al alcance de los condenados. En su lugar, el tribunal incardina esos actos violentos en el delito sedición; una suma de acciones destinadas a impedir la aplicación de la ley.
De los 12 líderes del procés condenados, la peor parte se la lleva Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por los delitos de sedición y de malversación de fondos públicos. Por su parte, los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, han sido condenados por los mismos delitos a 12 años. Ellos, como Junqueras, ejecutaron parte de los 2 millones de dinero público malversado, y será el Tribunal de Cuentas el que decida cómo van a devolver el dinero.
Del delito de malversación, en cambio, se libran Josep Rull y Joaquim Forn, condenados solo por sedición a 10 años y seis meses. El mismo delito, y 11 años y medio de cárcel, caen sobre Carme Forcadell, mientras que ‘los Jordis’, Sànchez y Cuixart, han sido condenados a 10 años y medio, responsables de la movilización social.
Solo Santi Vila, Meritxel Borrás y Carles Mundó, los que dimitieron antes de la Declaración Unilateral de la Independencia, se libran de las penas de cárcel. A ellos les fija penas de multa por desobediencia.
De todos ellos, ninguno podrá presentarse, como pretendían, a las elecciones del 10N, dado que están inhabilitados para ser elegidos como cargo público.
Así las cosas, la pregunta en el aire ahora es cómo queda la situación penitenciaria de los condenados: cuándo pueden pasar a tercer grado y cuándo podrían abandonar la cárcel. La respuesta, con la llegada de los políticos presos a las cárceles catalanas, recae en los servicios penitenciarios de la Generalitat. Son ellos los que ahora, tras la sentencia, tienen que fijar el grado en que cumplirán las penas.
Pueden determinar que lo hagan en tercer grado, al no estar condenados por terrorismo, organización criminal, ni por delitos sexuales contra menores. Lo que implica, por ejemplo, que solo acudan a la cárcel para dormir, de lunes a viernes. Si por el contrario la decisión es situarles en segundo grado, en el que se encuentran la mayoría de presos, los Jordis podrían gozar de su primer permiso en unos meses, a partir de enero, después de reyes. El exconsejero de interior, Joaquin Forn, podrá hacerlo en el mes de mayo. Y el siguiente en salir sería Oriol Junqueras a principios de 2021.
El independentismo no está dispuesto a renunciar a su desafío al Estado. Lo anuncian los propios condenados desde las cárceles desde las que están recluidos. No hay otra opción que “construir un nuevo Estado”, ha dicho Oriol Junqueras, mientras Jordi Cuixart ha dejado claro que no se van a rendir: “la respuesta a la sentencia es la reincidencia”, ha subrayado, en unas palabras que han tenido su eco en las calles.
También Torra se ha encargado de ello una vez más, –de alentar a los afines al independentismo a seguir con la lucha por la republica catalana–, al tiempo en que ha denunciado la sentencia condenatoria: "Exigimos el fin de la represión de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluyendo la amnistía como punto y final para todas las personas represaliadas", ha dicho, subrayando que la sentencia, –a la que tacha de antidemocrática–, empeora el conflicto, indicando: “La represión no nos hará desfallecer”.
En este contexto, y como ya se aventuraba tras el continuo llamamiento realizado desde el Govern y otras entidades soberanistas, miles y miles de independentistas se han echado a las calles una vez más para expresar su rechazo a la sentencia condenatoria y clamar por la autodeterminación y la república catalana. El epicentro de las protestas ha tenido lugar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde más de 8.000 personas, convocadas por Tsunami Democràtic, han colapsado la Terminal 1 provocando la cancelación de un centenar de vuelos y la intervención de las fuerzas del orden, que ha efectuado las primeras cargas policiales para contener a los allí congregados.
Ante la sorpresa y el miedo de los viajeros que se han visto atrapados en las instalaciones de un aeropuerto completamente colapsado, los radicales han irrumpido enfrentándose a los Mossos y la Policía Nacional. En total, 34 personas han sido atendidas en el lugar, según el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).
Para desesperación de quienes estaban allí para abordar su viaje, los independentistas han bloqueado algunos accesos, provocando que a muchos de ellos les haya sido imposible llegar a tiempo de tomar el avión, dada la gran afluencia de manifestantes en la zona.
En el lugar se ha visto el lanzamiento de objetos y el uso de extintores mientras los Mossos hacían uso de proyectiles viscoelásticos.
Entre carreras y cargas de la policía, la tensión continuaba a lo largo de la tarde de este lunes escenificando la repulsa independentista a la sentencia.
Con todo, la acción independentista no se ha limitado al aeropuerto de Barcelona-El Prat. Las movilizaciones han tenido lugar por múltiples puntos de Cataluña, y otros centros neurálgicos han sido escenario de las protestas.
En la estación de Sants, los AVE a Gerona hubieron de ser cancelados, y en total, 30 trenes han visto afectado su servicio por las movilizaciones en respuesta a la sentencia.
Del mismo modo, al menos un millar de personas entraron a pie en la autopista AP-7 a la altura de Gerona y cortaron la autopista en ambos sentidos.
Por su parte, a última hora de la noche, momento en que se produjo por fin el desalojo de El Prat, distintas cargas se efectuaron también ante la Subdelegacion del Gobierno en Lleida, así como ante la Jefatura Nacional de Policía en Barcelona.
La sentencia marca un antes y un después en todo el contencioso de Cataluña y se ha producido, además, en plena precampaña para las elecciones del 10 de noviembre. En este contexto, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, ha salido al paso con una declaración institucional en la que ha dejado claro que estarán “vigilantes” para que se cumpla la sentencia, y se ha puesto en contacto con el reste de líderes políticos.
Alejar cualquier posibilidad de indulto es la decisión en Moncloa, y por ello Sánchez recalca que el “acatamiento” de la decisión del Supremo significa su “íntegro cumplimiento”.
El Ejecutivo en funciones acata la sentencia y no tiene voluntad de indultar a los condenados, que lo son, ha subrayado el líder socialista, “por haber cometido delitos, y no por sus ideas”.
Así, ha manifestado que el Gobierno estará “atento” para “garantizar la convivencia, la seguridad y el respeto a la ley”, recordando al Parlament y la Generalitat que tienen la responsabilidad de gobernar para todos los catalanes y “no para una minoría afín a la tesis indpependentista”. Es más, la sentencia, ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, dicta el “fracaso del independentismo” y confirma el “naufragio de un proyecto político”.
Más allá, en esa voluntad de aplicar una vigilancia firme, ha pedido unidad para aplicar la ley al resto de líderes. La respuesta de PP y Ciudadanos no se ha hecho esperar: apoyan al Gobierno en todo lo que tenga que hacer para mantener el orden público, incluido la aplicación del 155, aunque le reprochan sus pactos con el independentismo.
Podemos, por su parte, se desmarca de la aplicación del citado artículo, mientras VOX, tajante, asegura que “la sentencia es una vergüenza porque se queda corta”.