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Los bomberos de los parques comarcales de Galicia, en huelga desde el pasado mes de junio, siguen con su agenda de movilizaciones por toda la geografía gallega y este lunes han hecho parada en Ourense, donde se han concentrado ante la sede de la Diputación para exigir la mejora de sus condiciones de trabajo pues, según aseguran ser “los bomberos con peores condiciones de toda España”.
Entre sus peticiones no se encuentra nada que no entre en el marco de lo razonable: un convenio colectivo a nivel autonómico unificado para todas las provincias, fijeza en el empleo de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo de enero de2022, mayor dotación de medios técnicos y mayor dotación de recursos humanos.
Igual que sucedió este viernes en Pontevedra, cientos de efectivos mostraron su malestar delante de la Diputación de Ourense, lanzando petardos, bengalas e incluso botes de pintura que impactaron contra la fachada del edificio histórico.
La de Ourense ha sido por momentos una batalla campal entre Policía y manifestantes, resultando herido un bombero al intentar acceder al interior de la sede de la Diputación.
Al grito de "Solución. Bomberos pobres nunca más", los manifestantes se han arrodillado frente al edificio de la Diputación de Ourense, "suplicando" una solución a su situación de "desamparo por parte de las Administraciones".
La de Ourense es la segunda de cuatro concentraciones, a la que seguirán dos más: una en A Coruña el próximo 27 de octubre y otra en Lugo el martes 31.
Además, si sus peticiones no son escuchadas antes, el próximo 17 de noviembre tienen convocada una manifestación en Santiago de Compostela y la celebración de otra asamblea el día 20, “para valorar el estado de las negociaciones y la posible adopción de nuevas medidas”, aseguran.
Ángel Moldes García, bombero del parque comarcal de O Morrazo, presidente del comité de huelga y delegado de la CIG, ha hablado con Informativos Telecinco y asegura que entre esas “nuevas medidas” figura la ejecución de “acampadas en lugares públicos o incluso “huelga de hambre” si fuese necesario.
Moldes ha comunicado que su petición es “que se reúnan con nosotros para poner fin a este conflicto que lleva abierto desde principios del verano y que está cerrando parques por toda Galicia”.
Asegura que en todo este tiempo ninguna Administración se ha puesto en contacto con ellos. “No hay voluntad de hablar con nosotros, no tienen prisa por arreglar nuestra situación”, asegura, y no pretendemos otra cosa que “dignificar nuestra profesión”.
El colectivo, integrado por unos 500 efectivos, pide sentarse a negociar con los presidentes de las cuatro diputaciones para exponer sus propuestas y, de momento, pese a las movilizaciones, aún no han obtenido respuesta de los políticos.
La situación, sospechan, va para largo. Mientras tanto sobreviven con un sueldo de unos 1.200 a 1.300 euros líquidos, escasos medios materiales y con las plantillas bajo mínimos, “en unas condiciones que no son seguras para trabajar”.