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La imagen de Majid Reza Rahnavard ahorcado en público en la ciudad iraní de Mashhad ha dado la vuelta al mundo. El joven de 23 años es el segundo preso ejecutado por el régimen iraní por su participación en las protestas en el país.
Un tribunal de Irán lo condenó por "enemistad contra Dios" por supuestamente haber matado a puñaladas a dos miembros de la fuerza de resistencia paramilitar Basij. Los grupos de derechos humanos han advertido de que los manifestantes están siendo condenados a muerte en juicios falsos y sin abogados que les defiendan.
Rahnavard fue ahorcado solo 23 días después de su arresto y antes de cumplirse el plazo legal de 20 días para apelar. En las imágenes en redes sociales se puede ver a un hombre colgado de un cable en presencia de varios testigos, no está claro ni cuantos, ni ni quiénes eran.
La madre del joven pudo visitarle mientras estaba detenido, pero no la informaron de la ejecución hasta después de su muerte. Cuando la familia acudió al cementerio, los agentes de seguridad estaban enterrando su cuerpo.
La ONG Human Rights Watch ha señalado que la ejecución de dos manifestantes por parte de las autoridades iraníes en relación con las protestas antigubernamentales es "un grave error judicial y una escalada peligrosa". "Los juicios de quienes enfrentan cargos de pena capital relacionados con las protestas han sido una parodia total de la justicia", ha afirmado Tara Sepehri Far, investigadora de Irán de HRW.
La semana pasada, el régimen anunció la primera ejecución de un participante de las protestas en Irán. Se trataba de Mohsen Shekari, también de 23 años, investigado por herir a un agente de Policía y bloquear una carretera.
La organización ha denunciado que los cargos contra los manifestantes son delitos "vagamente redactados", que incluyen cargos de seguridad nacional como enemistad contra dios, corrupción en la tierra o rebelión armada. Además, los procedimientos judiciales en los que no tienen permiso de participación abogados de la elección de los acusados "parecen no cumplir con las normas internacionales".
"Se informa de que los acusados son torturados para que confiesen, se les priva de acceso a los abogados de su elección y se les apresura a pasar por procedimientos judiciales que eluden las salvaguardias del propio código penal y la ley de procedimiento penal de Irán", ha agregado la ONG.
Las autoridades han emitido al menos 1.680 imputaciones en todo el país en relación con las protestas, según comunicados oficiales, mientras que grupos de Derechos Humanos estiman que más de 18.000 personas han sido arrestadas en el marco de las manifestaciones sociales. Irán es uno de los países que utiliza la pena capital con mayor frecuencia, las cifras de organizaciones de Derechos Humanos estiman que más de 300 los ciudadanos ejecutados entre el 21 de marzo y el 12 de septiembre, recoge HRW.
"Las autoridades iraníes deben detener de inmediato estos juicios y anular las sentencias de muerte", reza el comunicado de la ONG. Las protestas en Irán comenzaron el pasado mes de septiembre tras la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini, bajo custodia policial tras haber sido detenida por llevar mal colocado el velo o hiyab.