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La victoria en las elecciones de Tailandia de los partidos de la oposición sobre el Gobierno militar dejó claro a mediados de mayo el sentir de la nación: el pueblo ansía un cambio de rumbo. Durante las últimas décadas, los votantes contaban con un espectro muy reducido de opciones que estaban vinculadas al Ejército, a la realeza o a la suerte populista de un multimillonario en el exilio. Ahora reina la ilusión, la esperanza del pueblo de haber logrado, por fin, tener voz y voto para un cambio duradero. Se trata de un optimismo con afán reformador que busca reescribir la historia desde este punto y dejar atrás un pasado marcado por la interferencia militar.
La inestabilidad de la democracia tailandesa se mide a base de golpes de Estado: desde 1932 hasta la fecha se han producido un total de 12. El último, en 2014, ha copado la atmósfera política del país con una junta militar que en 2017 redactó una Constitución hecha a su medida y en 2019 ganó unos comicios sesgados hacia sus intereses -los 250 miembros del Senado debían ser seleccionados por la junta militar-. La sabia nueva ha llegado en 2023, donde en las actuales elecciones, un 63,89 por ciento del 75,22 por ciento de votantes, optaron por un cambio al centro izquierda -Partido Avanzar- o al centro derecha -Partido por Tailandia-. A la Junta Electoral le quedan menos de dos meses para corroborar o no los resultados y el temor al intervencionismo de líderes vinculados con el Ejército es ineludible, a juzgar por los precedentes y por los sistemas de Gobierno de otros países de la región.
Precisamente, un parlamentario de la formación pro-militar, Partido de la Nación Tailandesa Unida, ha emprendido acciones legales contra el progresista, Pita Limjaroenrat, el líder de la formación más votada, para que sea descalificado por tener acciones en una compañía mediática. La sombra de la junta se extiende más allá de las urnas y está por ver si finalmente los militares aceptan ceder la soberanía popular. Para varias generaciones tailandesas es difícil de imaginar que su democracia deje de estar en el alambre como lo están las de naciones vecinas y, de producirse el mejor escenario posible, muchos en el sudeste asiático sueñan con que haya un efecto contagio.
A pesar de los avances democráticos en la región durante la primera década del nuevo milenio, donde países como Timor Oriental, Indonesia, Filipinas, Bangladesh, Sri Lanka e incluso Tailandia parecían tener democracias consolidadas, los últimos años han mostrado una realidad muy diferente. Tanto el sur como el sudeste asiático han sido las regiones del mundo en las que más se ha generalizado la regresión democrática. En la cima de este periodo regresivo se encuentra Myanmar (Birmania), que desde el golpe de Estado de febrero de 2021 está gobernado por la junta militar. Su presidenta electa, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y parte de su círculo político más cercano, están en prisión. Miles de ciudadanos han fallecido y hay estimaciones que apuntan un número de desplazados cercano al millón y medio de personas. El caso birmano cumple con todos los requisitos que se suelen dar en este tipo de gobiernos estrictamente militares: violencia, represión y pésima gestión económica.
Uno de los países gobernados por esta vía -aunque con cierta presencia de civiles en el Gobierno- es Camboya. Su líder, Hun Sen -general de los jemeres rojos durante la guerra civil y la guerra contra Vietnam-, acumula 38 años al frente del Ejecutivo y, a falta de poco más de un mes para las elecciones generales, continúa eliminando de la carrera a los partidos de la oposición para aferrarse en el poder cinco años más. En mayo, descalificó de los comicios a su principal rival por no tener la documentación necesaria, una estrategia de trabas burocráticas que ya llevó a cabo en 2018. A comienzos de este mes, Kem Sokha, otro de sus adversarios, fue condenado a 27 años de arresto domiciliario por traición, en un veredicto que ha sido tildado por grupos pro-derechos humanos como una motivación política. La persecución contra narrativas distintas a la oficial también se extiende a los medios de comunicación, después de que, en abril, el independiente, Voz de la Democracia, fuera clausurado por un artículo que, según el Gobierno, “atacó” al hijo del máximo mandatario y “dañó” la reputación gubernamental. Precisamente, el vástago del primer ministro, Hun Manet, se perfila como el sucesor tras haber ascendido al puesto más alto del Ejército. Hasta el momento, todo apunta a que la dinastía de los Hun perpetuará el Gobierno militar durante los próximos lustros e incluso décadas.
Vietnam es otra de las naciones en las que los militares manejan los hilos del poder. Se trata de un Estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista y que tiene al frente a un antiguo agente de inteligencia, Phạm Minh Chính. La influencia del Ejército Popular de Vietnam es enorme en el sistema político y viceversa. Si la Constitución del país sostiene que las Fuerzas Armadas tienen el deber de proteger “el régimen socialista y los frutos de la revolución”, las altas esferas del estrato político cuentan con puestos ocupados por militares. En el último Congreso Nacional celebrado en enero de 2021, el Politburó -máximo órgano gubernamental- incluyó a dos miembros del Ejército. El ministro de Defensa suele ser un general retirado y el Departamento de Propaganda y Educación actual está comandado por un militar que se encarga de todo lo relacionado con los medios de comunicación. Aunque la Constitución defiende la libertad de expresión, las restricciones a las que se enfrentan los medios dibujan una realidad completamente distinta en la práctica. Como sucede en otros regímenes, la narrativa oficial se impone a otros puntos de vista, por las buenas o por las malas.
Los esfuerzos democráticos en Indonesia fueron constantes desde la caída del brutal régimen de Suharto (1968-1998), militar y dictador perpetuado en el poder durante 30 años. Desde las revueltas populares de 1998 que precipitaron su renuncia, el pueblo pidió unas reformas (Reformasi) con el fin de colocar en el poder a políticos civiles y mantener a los militares en los cuarteles. Se produjo así una de las transiciones mejor llevadas -al menos al inicio- del siglo pasado, donde se descentralizó el poder y se allanó el camino hacia un cambio constitucional. A pesar de ello, aún quedaron vestigios de la dictadura de Suharto en la democracia indonesia. Problemas como la altísima corrupción y las dinastías políticas se mantuvieron. Es esto se le unieron los elevados índices de pobreza, una crisis financiera, colapso de la rupia indonesia e inestabilidad generalizada. Se le dio la vuelta a la tortilla y la gente acabó echando de menos un sistema regido por la autoridad y la figura del hombre fuerte. El presidente actual, Joko ‘Jokowi’ Widodo, ha permitido que varios militares ocupen ministerios, especialmente polémica fue la designación en 2019 de un exmiembro de las Fuerzas Especiales indonesias de la dictadura -vinculado con violaciones de derechos humanos- para la cartera de Defensa.
Laos también es un Estado autoritario con poca paciencia para las críticas y muchas ansias de amasar riqueza -a pesar de la apabullante deuda externa-. En Filipinas, el expresidente Rodrigo Duterte, estaba bien rodeado de militares y policías en su gabinete y emprendió una campaña de terror con la guerra contra las drogas -asesinatos de miles de sospechosos sin juicios previos-. Malasia -salida hace relativamente poco de un periodo de transición- y Singapur son los dos únicos países del sudeste asiático en los que no hay miembros de las Fuerzas Armadas que controlen el poder político y donde la democracia no pende de un hilo.