{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Ayer martes era la fecha límite para que Trump respondiera a la acusación de la Cámara de Representantes, sobre su “incitación a la insurrección”, antes de que sus partidarios asaltaran el Capitolio. También lo era para que los nueve demócratas que ejercerán como administradores del juicio político, entre los que se encuentran los fiscales, presentaran sus informes iniciales, antes de que comience el impeachment impeachmentla próxima semana.
Y en el centro de todo ello estará el debate sobre si este juicio político es inconstitucional o no. Así lo han querido los nuevos abogados de Trump, David Schoen y Bruce Castor, que sustituyen a última hora a Butch Bowers y sus colaboradores por razones aún no muy claras. El nuevo equipo ha decidido centrar su estrategia en la inconstitucionalidad del juicio, ya que tiene lugar cuando el expresidente ya ha dejado el cargo.
Los argumentos de defensa se basarán en que el discurso realizado por el republicano antes de los disturbios en el Capitolio no fue una incitación y como tal está protegido por la Primera Enmienda. “La incitación a la insurrección en su contra es discutible y por lo tanto en violación de la constitución, porque el Senado carece de competencia para destituir a un hombre que no ocupa el cargo”, señalan los abogados de Trump en el escrito presentado ayer.
Los demócratas, por su parte, destacaron en el plan que tienen preparado para acusar a Donald Trump, que se trata de una “traición de proporciones históricas”, al poner “en peligro con su conducta la vida de todos y cada uno de los miembros del Congreso”. La estrategia, recogida en el informe legal que han enviado a la cámara alta, detalla que el exmandatario dirigió a sus fanáticos seguidores como un “cañón cargado” al Capitolio.
Fue tras la votación de la Cámara de Representantes, el pasado 13 de enero, cuando se decidió que Trump se sometería a un juicio político o impeachment por incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio. Y ahora, una vez que se han presentado las estrategias de ambas partes, será el turno del Senado, que tendrá que decidir si el republicano es culpable o inocente.
El juicio empezará la próxima semana, a partir del 9 de enero, pero solo se declarará culpable a Trump si dos tercios de los senadores presentes votan a favor de ello. En estos momentos la cámara alta está totalmente dividida porque la mitad es demócrata y la otra mitad republicana por lo que los progresistas necesitarán que 17 senadores conservadores voten en contra del que ha sido su presidente y que el total de los demócratas mantenga la acusación.
Según una información publicada por el Washington Post, en estos momentos 40 senadores apoyan la condena, 21 podrían hacerlo por no haberse declarado en contra, 37 se oponen y 2 no se han pronunciado de ninguna manera. De todos ellos, uno de los que se ha manifestado de forma más contundente ha sido el demócrata Bernie Sanders, que a la pregunta de por qué habría que acusar a un presidente que ya no está en el cargo contestó: “Por crear un precedente. Debe quedar claro que ningún presidente, ahora o en el futuro, puede liderar una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos”.
Por parte republicana Mike Lee, senador por Utah, señaló en un comunicado el pasado 26 de enero que “si el Senado adoptara una interpretación amplia del poder del juicio político, permitiendo a los funcionarios federales ser condenados por cargos de juicio político incluso después de dejar el puesto, el resultado no solo sería problemático sino contrario a la lectura más natural del texto, estructura y comprensión histórica de la Constitución”.
Según la Constitución de los Estados Unidos, el presidente “será destituido de su cargo en caso de acusación y condena por traición, soborno y otros delitos graves y faltas”. Es decir que la Constitución, con la actual redacción no permitiría la destitución de una persona que no ocupe la Casa Blanca en el momento del juicio político. La condena conllevaría, como se especifica en otra cláusula, “la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier puesto de honor, fideicomiso o beneficio en los Estados Unidos”.
Solo hay dos casos anteriores en los que el Senado haya celebrado un juicio de acusación contra funcionarios que ya habían dejado el cargo: en 1797 con el senador William Blount y en 1876 con el secretario de Guerra William Belknap. En el primer caso, como informa Reuters, el juicio se detuvo antes de que el Senado pudiera dar su veredicto y en el segundo el acusado fue absuelto.
Por eso este juicio político se convierte en especial, no solo porque el veredicto podría sentar un precedente, sino también porque esta es la primera vez que un presidente es juzgado políticamente dos veces y, si Trump llegara a ser considerado culpable, sería el primer presidente condenado en toda la historia de los Estados Unidos.
Pero antes de que llegue el juicio toca que ambas partes trabajen en sus respectivos argumentos. Por parte demócrata el escrito presentado hoy recoge que “si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso, después de perder una elección no es un delito imputable, es difícil imaginar qué podría serlo”.
Mientras, los abogados del republicano argumentan que el presidente tenía derecho a expresar su opinión de que los resultados “eran sospechosos” y, según la Primera Enmienda, a afirmar falsamente que la elección sufrió fraude y le fue robada”.
Dos puntos de vista equidistantes en los que políticos, juristas y resto del pueblo estadounidense han puesto ya su atención esperando un veredicto.