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Los votantes de Estados Unidos han estado otorgando su voto por correo y de forma presencial, durante las últimas semanas, expresando así su deseo sobre qué candidato desean ver en la Casa Blanca los próximos cuatro años. Pero eso no significa que con ello estén designando al presidente. Esta decisión será votada, un mes después del día de las elecciones, por los 538 electores que forman el colegio electoral, que son los que representan a los ciudadanos tal y como recoge la Constitución en su sistema de votación indirecta.
Pero, ¿qué ocurriría si la decisión de dichos electores, en lugar de alinearse con el voto popular en cada estado, como es habitual cada vez que hay elecciones, decidiera inclinarse por el candidato opuesto? Imaginemos que Trump, que ya ha dicho que no acepta el resultado publicado por los medios en base a los votos contabilizados por el momento, decidiera presionar a los electores republicanos exigiéndoles que no reconozcan a Biden como ganador. O que la presión la ejercieran directamente los gobernadores republicanos de cada estado sobre sus electores. Se repetiría una situación que, a lo largo de la historia de las elecciones estadounidenses, ha dejado por el camino ya 165 casos de “electores infieles” que votaron por una persona diferente a la que los ciudadanos designaron y que podría cambiar el curso de los comicios.
El último ejemplo de ello se vio en las elecciones de 2016, cuando Trump perdió dos electores republicanos y Hillary otros cinco demócratas, dejando un resultado final de 304 votos electorales a favor del actual presidente por 227 de la aspirante, cuando el conteo inicial había dado un resultado de 306 votos electorales a 232. Aunque en esta ocasión no cambió al ganador del voto electoral, tampoco sería la primera vez que algo parecido ocurre y el contexto actual, especialmente tenso y polarizado, podría dejar más de una sorpresa.
En realidad, 32 de los 50 estados del país tienen leyes destinadas a desalentar este comportamiento o a obligar a los electores a apoyar al ganador del voto popular (como multas, cancelación de sus votos o su sustitución por otros electores). Sin embargo, hay otros estados, como Florida, donde no existe ni obligación ni sanciones para los “electores infieles”, lo que se suma a los estados en los que las leyes no se han respetado y las sanciones no han sido la norma. En 2016, en el caso más reciente de Hillary Clinton, algunos de los electores demócratas que votaron por Trump sí acabaron siendo penalizados por los estados de Colorado y Washington con una multa de 1.000 dólares, para uno y el retiro del cargo de elector para el otro, que les había sido impuesta.
A este respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó de forma unánime, el pasado mes de julio, que los miembros del Colegio Electoral no tienen libertad de acción con respecto del voto popular y permite a los estados destituir y penalizar a los electores que contradigan la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. "Esa directiva concuerda con la Constitución y con la certeza de una nación de que es Nosotros, el pueblo el que manda", dijeron los jueces en clara alusión al preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos.
Esta sentencia, cercana en el tiempo y unusualmente unánime por parte de los nueve jueces que forman la Corte Suprema, puede ser decisiva en estas elecciones en las que aún no se ha terminado el recuento de votos en todos los estados y las acusaciones de fraude por parte de Trump son diarias. Y es que la estrategia de no aceptación de la derrota por parte del actual presidente pueden llevar a que la decisión final acabe en los tribunales.
Antes de eso, los 50 estados más el Distrito de Columbia, donde está la capital, deberán contar y certificar los resultados del voto popular presencial y por correo en función de sus respectivas reglas. Luego, en base a lo que establece la ley federal, los gobernadores reunirán a su listado de electores en la capital de cada estado para emitir sus votos, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. Este año eso será el 14 de diciembre.
Después de que los electores hayan preparado los certificados oficiales para informar del voto resultante, serán enviados con la firma de cada gobernador y el sello de cada estado al Senado y al jefe de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, con una fecha límite del 23 de diciembre.
Los resultados oficiales de las votaciones electorales serán enviadas al nuevo Congreso resultante de estas elecciones, que se reunirá el 6 de enero de 2021 para anunciar los resultados. Así, nos encontramos que el proceso tiene tres fechas claves: el día que se da luz verde para que comience el voto de los ciudadanos, tanto por anticipado como el día de las elecciones; en diciembre cuando los electores del colegio electoral se reúnen y votan al presidente, y en enero cuando el Congreso certifica la elección. Aunque este proceso es ceremonial, puede haber objeciones, como ocurrió en 1969 y 2005, aunque en ambos casos la Cámara de Representantes y el Senado rechazaron dichas objeciones siendo contabilizados los votos cuestionados.
En el fondo lo que subyace es un debate sobre el vigente sistema por el que se elige al presidente de los Estados Unidos y las grietas que ocasiona cada cuatro años, que cada vez son más habituales. Este sistema se creó en el siglo XVIII como solución para dar voto a los estados, que eran los que voluntariamente se unían para crear la gran república de Estados Unidos de América, quedando establecido en el artículo II y en la Enmienda 12 de la Constitución, que menciona a los electores.
Pero cada vez son más las personas que discrepan sobre la idoneidad de este modelo electoral en pleno siglo XXI, nacido en una época en la que no todas las personas tenían derecho al voto y que fue pensado para reflejar una federación de estados y conservar su unión en los momentos incipientes en los que este país echaba a andar. Hoy en día, cuando llegan las elecciones, cada vez más a menudo necesita muletas. El debate sigue abierto.