De esta forma, Estados Unidos, durante ese periodo de cinco años, fue el principal proveedor de armamento a Arabia Saudí: le vendió el 52,04% del total. A continuación se situó Reino Unido, con un porcentaje del 27,12% de ventas. España fue tercera con un 4,19 por ciento, seguida de cerca por Francia con el 4,11%.
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Desde el comienzo de la guerra de Yemen el debate sobre la venta de armas al país del Golfo Pérsico ha estado sobre la mesa, pero este se ha intensificado durante la última semana tras el extraño asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul.
Este suceso ha provocado que países como Reino Unido, Francia y Alemania han exigido a Riad que "esclarezca claramente las responsabilidades" sobre la muerte del periodista y que los culpables de la misma sean llevados ante la justicia.
De hecho, el Gobierno liderado por Angela Merkel ha asegurado que paraliza las ventas de armas a Arabia Sauidí mientras no se sepa qué ocurrió exactamente con Khashoggi. Inclusive, el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, ha solicitado al resto de países de Europa que hagan lo mismo. Según los datos de SIPRI, Alemania ocupa el séptimo lugar en la lista de países exportadores a Arabia Saudí, con un porcentaje del 1,87% del total de las ventas al país.
Mientras, el Gobierno de España emitió un comunicado en el que aseguraba estar "consternado por las informaciones preliminares de la fiscalía saudí sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el Consulado del Reino de Arabia Saudí en Estambul". Además, expresó el pésame a los familiares del periodista y el Ejecutivo se sumó al al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que "los responsables de estos gravísimos hechos respondan ante la justicia tras una investigación exhaustiva y transparente".
En agosto el Gobierno anunció que iba revisar las condiciones de ventas de armas
La polémica por la venta de armas a países de Oriente Próximo no es una novedad en este Gobierno, ya que durante el pasado mes de agosto, y a raíz de un bombardeo en el que murieron decenas de personas en Yemen, incluidos varios niños, el Ejecutivo de Sánchez anunció que iba a revisar las condiciones de venta de armamento a estos países.
Pocas semanas después, el Ministerio de Defensa confirmó una información según la cual se suspendía un contrato de venta de 400 bombas láser del Ejército de Tierra, valorado en 9,2 millones de euros. Sin embargo, días después del Gobierno dio marcha atrás por temor a que Arabia Saudí suspendiese el contrato multimillonario (1.800 millones de euros) para la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos de Navantia.
El Gobierno alegó entonces que no había encontrado ninguna irregularidad que le permitiese suspender el contrato de venta de las bombas y que tenía que cumplir el contrato firmado por un Gobierno anterior. También afirmó que se trataba de material "de precisión" que no debería causar víctimas colaterales.