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El asesinato la semana pasada de Jovenel Möise, presidente de Haití, ha escrito un nuevo capítulo en la tormentosa historia del país más pobre del continente americano. Un grupo de militares colombianos retirados, mercenarios entrenados en el uso de armas y operaciones internacionales sofisticadas, asaltaron la residencia presidencial y mataron al que fue vencedor de las elecciones de 2016, con solo 600.000 votos en ese momento (18% del electorado) y el apoyo de Estados Unidos.
Un total de 19 personas, 17 de ellas colombianas y dos haitiano-estadounidenses, fueron detenidas por las fuerzas de seguridad de Haití por ser sospechosas del magnicidio en el que se cree que participaron hasta 28 implicados, según informaron fuentes gubernamentales del país caribeño. Tras tomarles declaración, se supo que habían sido contratados para realizar servicios de seguridad por la empresa estadounidense CTU Security, ubicada en Miami y registrada como Unidad Contra el Terrorismo Federal Academy LLC.
Y es a partir de ahí cuando se disparan los rumores porque, según el Miami Herald, esta empresa está dirigida por el venezolano Antonio Enmanuel Intriago, que recientemente fue acusado (sin pruebas) por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar vinculado con la oposición de su país y de ser “amigo personal de Juan Guaidó y Leopoldo López”.
A esto se suma el apoyo de Estados Unidos a Möise, un mandatario acusado de corrupción, que había organizado un referendo para redactar una constitución que le permitiera estar más tiempo en el poder, así como unas elecciones en un país convulsionado por la violencia, que tendrían lugar el próximo 26 de septiembre.
Tras el asesinato del jefe de estado, el gobierno interino haitiano, presidido en estos momentos por Claude Joseph, ha solicitado a Estados Unidos y Naciones Unidas el envío de sus fuerzas armadas para ayudar a la estabilización del país, lo que involucra a la potencia norteamericana aún más en este asunto. Por su parte, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha declarado que seguirá trabajando con el primer ministro Joseph al mismo tiempo que expresaba la voluntad del país para colaborar en la investigación del asesinato del presidente.
Una situación parecida a la que ya vivió Haití en 1915, tras el magnicidio de su último presidente y el derrocamiento de los otros tres anteriores. Todo ello terminó con la invasión del país caribeño por parte de las fuerzas norteamericanas, que acabaron quedándose 19 años en el país, dando lugar a la ocupación más larga de la historia de los Estados Unidos.
Aunque también ha sido detenido como principal sospechoso Emmanuel Sanon, un médico de ascendencia haitiana y con residencia en Florida, que fue la primera persona con la que se comunicaron los perpetradores del magnicidio, la mayoría de los implicados en el asesinato son de nacionalidad colombiana.
El hecho de que estos sean soldados del ejército, retirados hace dos o tres años, ha dado lugar a que el comandante del Ejército Nacional de Colombia, Eduardo Zapateiro, se haya visto obligado a declarar señalando que “está con la disposición de brindar toda la información posible, como fue la orden del señor presidente Iván Duque a la Interpol, que es la que está liderando la investigación”.
Pero no es la primera vez que se identifica a ex miembros del ejército colombiano trabajando a sueldo y participando en operaciones militares internacionales. Miles de estos mercenarios nacidos en ese país han formado parte de las actividades armadas que, en los últimos años, han tenido lugar en países como Irak o Afganistán.
Estos conflictos han alimentado de hecho el desarrollo de empresas militares, de carácter privado, que ya existen no solo en Estados Unidos (donde se gestó la formación de los distintos grupos paramilitares y del ejército colombiano), sino que también proliferan en Rusia, algunos países africanos y de Oriente Medio, entre otros.
La situación ahora pasa por dejar a Haití seguir siendo un país sumido en la violencia y la miseria, al que la corrupción de sus dirigentes ha llevado a dilapidar la ingente cantidad de ayuda internacional recibida, o ayudar a restablecer el orden, como se le ha pedido directamente a Estados Unidos que haga.
La decisión no debe ser fácil para Joe Biden, que acaba de sacar a sus tropas de Afganistán para evitar que se perpetuaran en la ayuda de un país con un gobierno tan frágil, una situación que en ese sentido es similar a la de Haití. Pero, si se produjera, este sería el segundo desembarco a largo plazo, sin un desenlace claro.
De momento, la Casa Blanca dice estar trabajando con los líderes haitianos y la comunidad internacional para conseguir establecer las reformas de calado que el país necesita, pero este es un mantra que ya se ha repetido sobre el mismo escenario, varias veces, desde hace 100 años.
La tortuosa historia de esta antigua colonia esclavista francesa, que sufrió 20 años de férrea dictadura y un terremoto que en 2010 devastó lo poco que quedaba en pie en el país, va ligada al uso poco claro de los 13.000 millones de dólares donados por la comunidad internacional, solo en los últimos diez años. La corrupción de los dirigentes haitianos será un lastre que no ayudará a tomar decisiones rápidas ni desinteresadas en favor de los once millones de sufridos haitianos que habitan el país.