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La firma de la Ley de Derechos Civiles en 1964 abrió “las puertas de la oportunidad” a las personas negras, blancas, latinas, asiáticas y miembros de otros colectivos. Así lo recordó Obama en un discurso en Austin, con motivo del aniversario de dicha firma, hace ya siete años. Pero la lucha por la igualdad, que se inició muchos años antes, sigue aún pendiente en un país en el que la historia se repite, de forma recurrente, en un macabro Día de la Marmota.
Desde que en 1955 la ciudadana afrodescendiente Rosa Parks se negara en Montogomery (Alabama) a ceder su asiento de autobús a una persona blanca, hasta la muerte la semana pasada de George Floyd, asfixiado por la presión de la rodilla de un policía sobre su cuello por pagar con un billete falso de 20 dólares un paquete de tabaco en Minneapolis (Minessota), han pasado muchas cosas. Pero no las suficientes para garantizar la igualdad de la comunidad afroamericana de Estados Unidos, que supone más del 13% de la población total.
Si nos atenemos a la situación económica actual, en plena crisis por la pandemia, vemos que la tasa de desempleo de las personas afrodescendientes ha alcanzado el 17%, una de las más altas de la historia de este país según el Departamento de Trabajo. Pero incluso remontándonos a 2018, con la economía en plena expansión y unas cifras totales de paro de sólo un 6,4%, su desempleo suponía casi el doble que el de la población blanca (3,7%).
Las causas de esta brecha son varias, como la discriminación existente a la hora de la contratación, un menor nivel de educación y una mayor tasa de personas con antecedentes penales, lo cual les deja fuera de muchas opciones laborales. Todo ello provoca que, según la Reserva Federal, este colectivo disponga solo de un 15% de la riqueza media de las familias blancas.
Este menor numero de ingresos se traduce estos días en un mayor vulnerabilidad a la hora de combatir la pandemia del coronavirus. De hecho, hasta el pasado 8 de abril, el 28% de la muertes por covid-19 correspondieron a personas afro, según desveló el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. En ciudades como Chicago, donde la proporción de población de color es mayor, el porcentaje de personas fallecidas ascendió a la mitad del total. Pero también en otras, como Milwaukee, donde solo son afroamericanos el 26% de los ciudadanos.
Las razones, como ha señalado Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, son que este grupo racial sufre peores condiciones de salud para hacer frente al contagio de la enfermedad. Patologías previas que afectan más a esta población como la diabetes, hipertensión, obesidad y el asma les ponen en una situación altamente desfavorable.
Si a esto unimos que tienen un menor acceso a los servicios de salud provocado por su menor tasa de ingresos, ahorros y seguros y que los trabajos que muchos de ellos desempeñan (policías, trabajadores de aeropuerto, repartidores,…) no les permite acogerse al confinamiento, los datos son esclarecedores.
Un riesgo añadido de contagio también han sido las cárceles, donde según la Oficina de Estadísticas de Justicia la probabilidad de que una persona blanca vaya a prisión es seis veces menor que la de una persona negra. La imparcialidad de las leyes, un trato desigual del sistema judicial y una violencia policial mayor contribuyen a esta disparidad racial.
En este país, que tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, más de un millón y medio de personas cumplen condena. De los 870.000 que trabajan a tiempo completo, un número significativo son afrodescendientes y realizan trabajos de “mantenimiento institucional” (limpieza de celdas, preparación de comidas, lavado de uniformes,…) con un salario medio entre 20 y 31 céntimos la hora, dependiendo de si la prisión es estatal o federal. Hay estados como Texas, Georgia y Arkansas donde incluso trabajan gratis y a veces en el campo, lo que los más críticos llaman “otra forma de esclavitud” y retrotrae a las épocas más oscuras de las plantaciones.
Pero la prisión, además de ser un factor añadido de contagio de coronavirus, acoge a un 22% de población carcelaria por tenencia y consumo de estupefacientes. Dicho consumo afecta también especialmente a la comunidad afroamericana.
Según una encuesta federal de 2018, las personas de raza negra tienen una tasa de consumo de droga (especialmente de cocaína mezclada con fentanilo) un 40% más alta que los blancos no hispanos y un 80% más posibilidades de sufrir una sobredosis mortal. Las vulnerabilidades mencionadas con anterioridad (patologías añadidas y carencias económicas que afectan a la atención médica) son un problema que se suma al de la adicción.
Estos datos, no obstante, quedan eclipsados ante los medios por las muertes provocadas por la epidemia de opioides, que afecta a decenas de miles de personas cada año, la mayoría de raza blanca.
Ya en 1971, Richard Nixon declaró desde la Casa Blanca su lucha contra las drogas señalando que eran “el enemigo público número 1 de Estados Unidos”. Pero desde entonces hasta hoy esta situación, como tantas otras que afectan especialmente a la comunidad afroamericana, continúa causando miles de muertes.
No son temas de fácil resolución pero el resultado es que la lista de agravios pendientes, desde la firma de la Ley de Derechos Civiles en los años 60 hasta nuestros días, sigue creciendo. Situaciones como las de la muerte de George Floyd son la llama que prende la mecha de una indignación acumulada a lo largo de los años.