Los coches sin distintivo ambiental no podrán circular por Madrid a partir del 1 de enero de 2026: ¿qué ocurrirá con la etiqueta B?

MadridEl 1 de enero de 2026 entran en vigor las nuevas restricciones de circulación asociadas a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Madrid, por lo que se impedirá circular a todos los coches que no dispongan de la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), incluidos los de los residentes empadronados en la capital. Quedan fuera, principalmente, vehículos de gasolina previos al año 2000 y diésel de antes de 2006.

La medida afectará a más de 300.000 vehículos que circulan a diario sin dicho distintivo por la ciudad, el 15% del parque motorizado censado, y supondrá un coste de entre 6.000 y 9.000 millones de euros para las familias, trabajadores y pymes. Las pequeñas y medianas empresas deberán asumir un sobrecoste que puede comprometer su supervivencia.

"Un castigo económico"

Cabe destacar que sustituir un vehículo que no cumple con las condiciones de la ordenanza municipal implica a día de hoy una inversión de entre 20.000 y 30.000 euros, "en una estimación muy prudente", lo que supone "un castigo económico" para muchos de los damnificados, según un estudio de Dvuelta.

"Se está imponiendo a decenas de miles de madrileños un gasto forzoso que no responde ni a la realidad medioambiental ni a la situación económica actual", señala Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta. En este sentido, destaca que "resulta especialmente injusta porque discrimina a la población en función de su poder adquisitivo".

"Una furgoneta diésel que hoy funciona perfectamente no dejará de ser útil el 1 de enero: simplemente dejará de poder circular. No hay nada sostenible en obligar a destruir un vehículo operativo cuando el problema real está en la falta de planificación y en la obsesión regulatoria del poder político", afirma Javaloyes.

Desde Dvuelta rechazan también que el argumento de la "calidad del aire en Madrid" sea el "mejor" para justificar esta medida y puntualizan que "no hay transporte público adaptado" para muchos de los afectados que trabajan en polígonos, a turnos o precisan desplazar mercancías. Todo ello, además, unido a la ausencia de ayudas "suficientes" para renovar los vehículos.

Excepciones y multas

Los coches con distintivo de 0 Emisiones, ECO, C y B no tendrán restricciones, siempre que cumplan las pautas de acceso para cada zona. Los vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de gas natural dispondrán de más privilegios, sobre todo en el Distrito Centro y en Plaza Elíptica, donde el acceso continuará siendo mucho más limitado.

La única excepción será para aquellos vehículos sin etiqueta que accedan únicamente a un garaje particular dotado de acceso automático y no realicen la circulación libre por la vía pública. El resto de conductores deberán renovar su automóvil o echar mano del transporte público.

Pese a que la norma se extiende para toda la localidad hasta el distrito de Los Remedios, no aplica a la M-40 ni a la M-50 puesto que no se encuentran contempladas dentro del término municipal.

De 2026 en adelante, el hecho de acceder a Madrid sin contar con la correspondiente etiqueta de la DGT supondrá una sanción económica de 200 euros, que se reducirá a 100 euros si se efectúa el denominado pronto pago.

Al respecto, Javaloyes indica que más de la mitad de los 230 millones de euros recaudados en la capital en concepto de multas de circulación corresponden a sanciones en Zonas de Bajas Emisiones, lo que considera la "verdadera motivación del Ayuntamiento para las restricciones a los vehículos".

A la espera del Supremo

El régimen de las ZBE ha sido objeto de varios recursos judiciales y la ordenanza municipal que las regula fue anulada hace un año en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Actualmente, el litigio se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo tras el recurso de casación interpuesto por el Consistorio madrileño.

"Resulta incomprensible que el Ayuntamiento se mantenga firme en poner en marcha una medida de este calado cuando ya ha habido un pronunciamiento judicial que declara que la norma es ilegal", ha explicado Javaloyes, considerando que "lo prudente y coherente sería suspender la entrada en vigor hasta que haya una sentencia firme".

En este contexto, Dvuelta reclama la suspensión cautelar de la aplicación de la norma "al menos" hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva definitivamente el recurso, así como establecer un calendario progresivo de aplicación que permita a la población y a las empresas planificar la sustitución de sus coches "en un plazo razonable, evitando la exclusión abrupta de cientos de miles de vehículos".

En la misma línea, aboga por implantar un plan de ayudas directas y reales para la renovación del parque automovilístico (que supera los 13 años de media), "dirigido específicamente a familias con menor renta, autónomos y pymes que dependan de su vehículo para trabajar".

Dvuelta también estima necesario mejorar las alternativas de transporte público y aparcamiento disuasorio, de forma que desplazarse desde los barrios periféricos al centro sea una opción viable, eficiente y segura.

Por último, solicita que se garantice la transparencia en los datos medioambientales, de manera que los ciudadanos puedan conocer el impacto real de las medidas adoptadas y fiscalizar su eficacia.