El contrato firmado por la Unión Europea con AstraZeneca, al igual que con Pfizer, obliga a las farmacéuticas a entregar las dosis cada tres meses. Lo importante es que al final de cada trimestre la cantidad entregada sea lo estipulado en el contrato, según publica en exclusiva Il Corriere della Sera.
El periódico italiano revela otros datos sobre un contrato, bastante favorable a los fabricantes de la vacuna contra el covid, en buena parte financiada con dinero público. Sobre cualquier efecto negativo o reacción que pudieran provocar las vacunas serían los estados en hacerse responsable de estos.
El contrato firmado por la Comisión Europea con AstraZeneca y con el resto de los fabricantes de vacunas establece además una penalización en el caso que las entregas trimestrales sufran retrasos, del 20% del coste de las dosis no entregadas. Una cifra, que a juicio del periódico italiano es ínfimo considerando los precios que están alcanzando las vacunas en el mercado y la voyante situación de estas empresas.
Otra de las posibilidades que contempla el contrato, en caso de incumplimiento es -algo todavía peor- como la devolución de las cantidades de dinero pagadas y la rescisión del contrato, algo que también favorecería a las farmacéuticas.
La poca transparencia sobre las condiciones del contrato de la Comisión Europea con las farmacéuticas tampoco ayuda. Se ignoran los detalles de las negociaciones y Bruselas ha exigido ahora a AstraZeneca que lo haga público para desterrar todas las dudas.
El pasado viernes el laboratorio británico anunció repentinamente problemas con las entregas iniciales a la UE, que podría autorizar ese fármaco esta misma semana. La información ha provocado tensiones con Bruselas que no cree en las razones alegadas y sospecha que la farmacéutica este priorizando a otros compradores que ofrezcan más dinero por las vacunas del covid, ignorando los compromisos alcanzados.
Bruselas enviará a un equipo de inspectores a la planta belga de la farmacéutica para comprobar si tiene problemas de producción. La Comisión exige que envíe las dosis pactadas desde cualquiera de sus fábricas, incluidas las del Reino Unido.