El BOE publica la orden que prohíbe las llamadas comerciales desde teléfonos móviles a partir de junio
El BOE ha publicado este sábado la orden que prohíbe las llamadas comerciales a través de móviles
La lucha del Gobierno contra los SMS fraudulentos: sancionará a las operadoras que no adopten las medidas
Las empresas sí podrán, sin embargo, efectuar llamadas comerciales desde un 900 o de un 800
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden que prohíbe a empresas y entidades públicas, en el plazo de tres meses, hacer llamadas comerciales a través de móviles, y que incluye medidas para evitar las estafas de suplantación de identidad mediante telefonía o mensajería móvil (SMS).
La orden del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública entrará en vigor en el plazo de 20 días a partir de este sábado, y fija un período de tres meses para que algunas de las medidas tengan efecto.
Sí se permiten las llamadas desde un 900 o de un 800
Las empresas sí podrán, sin embargo, efectuar llamadas comerciales desde un 900 o de un 800, números que hasta ahora solo estaban asignados para recibirlas, y también se establece la obligatoriedad a los operadores de telecomunicaciones de bloquear llamadas y SMS con numeración que no haya sido atribuida a un cliente final o a un operador.
Además, los operadores de telecomunicaciones también tendrán que bloquear las llamadas de origen internacional que simulan haber sido originadas en un número español, salvo las de los clientes en itinerancia (roaming).
Esta medida se fija teniendo en cuenta que las llamadas fraudulentas suelen provenir de países extranjeros, como Países Bajos o Reino Unido, desde donde se simulan llamadas con numeración española.
Los operadores estarán obligados a bloquear los mensajes, que en lugar de un número de teléfono, estén asignados a un código alfanumérico, siempre que no estén registrados sus propietarios en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
"Hoy damos un paso muy importante. Nos ponemos a la cabeza de Europa", señaló el ministro Óscar López al anunciar esta semana las medidas, "muy parecidas" a las de países como Finlandia, y que "han reducido el 90 % de las estafas".
El incumplimiento de estas medidas está tipificado en la Ley General de Telecomunicaciones como infracción grave y es susceptible de recibir una sanción de hasta 2 millones de euros.
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